La ineficiente liquidación de BPA que impacta en todas las finanzas de Andorra

El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha creado un Grupo de Trabajo Especial Elecciones Andorra 2019 sobre la situación económica de Andorra ante el reto electoral. El cuarto estudio analiza la desastrosa liquidación de Banca Privada d’Andorra y el impacto que cuatro años después sigue teniendo en todo el sistema financiero andorrano, con consecuencias aún imprevisibles.

El analisis recuerda que no es único el caso en el que un cliente de la antigua Banca Privada d’Andorra (BPA), intervenida en 2015, sigue sin poder tocar sus fondos, actualmente en el banco “bueno” Vall Banc y a donde fueron a parar las cuentas “buenas”, porque estos continúan bloqueados, pese a reclamar reiteradamente sus propietarios el reintegro de sus dineros tras haber sido demostrado por el Gobierno de Estados Unidos que esos dineros son legales. Y todo ello sucede ante la displicencia del ejecutivo del Principado que se limitó a liquidar la BPA y mirar para otro lado. Hoy, los gestores del banco andorrano Vall Banc -encabezados por el consejero delegado Christopher Lieber-, que tiene actualmente como único accionista a la Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries d'Andorra (AREB) mediante un acuerdo ‘dudoso’ con el fondo buitre JC Flowers, se niegan negligentemente a desbloquear las cuentas en dólares y en renta variable de los clientes procedentes de BPA. Por el contrario, mantienen una conducta dudosamente legal, cuando no manifiestamente ilegal, al limitar el retiro de efectivo a los clientes a 2.500 euros semanales.

El mas que irregular caso BPA sirve para enmarcar una serie de magnitudes que representan una fotografía sobre la situación del sector y su evolución en los últimos años, para muchos tremendamente negativa. Efectivamente, si en 2013 [los datos agregados del sector de 2014 que publicó la Associació de Bancs Andorrans (ABA) ya excluían los datos de BPA], el sector contaba con unos activos de 15.870 millones de euros, unos resultados de 205,2 millones y una rentabilidad de un 1,30% sobre activos, al final de 2017, los activos totales habían disminuido hasta los 14.145 millones, los resultados habían bajado a 131,3 millones, y la rentabilidad también había disminuido hasta el 0,88%. Y, según los datos que avanzó el “Diari d’Andorra” en su edición del 11 de marzo de 2019, los resultados del conjunto de la banca han bajado a 100 millones en 2018, cerca de un 25% menos que el ejercicio anterior y menos de la mitad de los alcanzados en 2014. Y si estos beneficios conjuntos del sector en 2018 de 100 millones, se comparan con los obtenidos antes de la crisis (354 millones en 2007), queda patente la velocidad a la que se está produciendo la debacle del sector, con consecuencias directas en una progresiva pérdida de solvencia del mismo.

Alarma expandida

La precipitada intervención de la BPA en vez de contribuir al objetivo que podía haber sido el más razonable, es decir, tratar que el impacto de la publicación de la nota por parte del FinCEN se limitara a los aspectos a los que la misma nota hacía referencia y, por tanto, que el caso no afectara más allá de la asunción a que hubiere lugar de las eventuales responsabilidades, en caso de que estas se confirmaran, sobre las irregularidades señaladas en la nota, referidas a casos muy determinados, lo que finalmente hizo fue generar una alarma que expandió las potenciales amenazas que significaba la publicación de la nota al banco en su globalidad y al conjunto de accionistas, gestores, empleados y clientes del mismo, así como, más en general, al conjunto del sistema financiero andorrano y, en definitiva, al conjunto del entramado económico, político y social del país.

Pocas acciones emprendidas por el Gobierno de Andorra y sus instituciones pueden salvarse de la crítica más ácida. Así, y en relación a la Ley 8/2016 de medidas urgentes para implantar mecanismos de reestructuración y resolución de entidades bancarias, esta fue tramitada de forma precipitada para abordar el caso BPA, pero bajo la apariencia formal de transponer la directiva europea de 2014 sobre reestructuración y resolución de entidades bancarias. Ello hizo que la misma fuera inspirada en normas jurídicas extranjeras, cuya génesis y orientación había sido condicionada por tener que hacer frente a un tipo de problemáticas bancarias, claramente diferentes a los que se daban en el caso andorrano. Este enfoque, erróneo de cabo a rabo, tuvo la consecuencia que, por un lado, no fuera una ley adecuada para la resolución satisfactoria del caso BPA y, por otro, que la transposición de la Directiva tampoco fuera todo lo adecuada que hubiera sido deseable. El resultado final ha sido, pues, un problema mal resuelto (el caso BPA) y una directiva clave mal transpuesta (transposición incorrecta que posteriormente tampoco se ha corregido).

No se cumple con Europa

El incumplimiento y retraso en la transposición de directivas europeas relacionados con el sector de la banca y los seguros, comprometidas a partir del Acuerdo Monetario, es algo que se puede constatar. Efectivamente, el Gobierno de Andorra ha acumulado un notable retraso en cuanto a los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo Monetario en esta materia, además de haber elaborado, en muchos casos, propuestas de transposición inadecuadas como es el caso mencionado de la Ley 8/2016 o incluso ya obsoletas en el momento de presentarlas a tramitación como es el caso de la ley de servicios de pago y dinero electrónico.

Otro aspecto consecuencia de la intervención de BPA, reitera el estudio, es la nefasta gestión de Vall Banc y el “regalo” del banco a un fondo norteamericano de incierta reputación: una de las actuaciones más reprobables llevadas a cabo por las autoridades públicas andorranas durante la gestión del gobierno de DA; en este caso por la AREB (Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias, creada precisamente por la Ley 8/2016), es la que tiene que ver con la responsabilidad del organismo en la emisión de Bonos contingentes convertibles (CoCos), llevada a cabo en abril de 2016 por Vall Banc, el banco puente gestionado entonces por la propia AREB, que fue creado en el marco del proceso de resolución de BPA, y que más tarde, fue vendido, como ya se ha señalado, al fondo de inversión norteamericano JC Flowers.

Los elementos que hacen especialmente llamativa esta emisión de CoCos, realizada por Vall Banc cuando esta entidad todavía estaba gestionado por la AREB, es que su valor nominal se situase en 70 millones de euros y que la misma fuera comprada por BPA, banco también gestionado por la propia AREB después de ser intervenido por las autoridades andorranas. El caso es que BPA pagó por dicha emisión con parte de sus activos, los cuales una vez en manos de Vall Banc, cuando el banco ya era propiedad de JC Flowers, resultaron tener un valor no de 70 millones de euros, sino de 96,2 millones, cosa que permitió a Vall Banc anotarse, para satisfacción de sus nuevos propietarios privados, una plusvalía de 26,2 millones de euros gracias a esta operación.

Pero todavía más llamativo que todo ello es el hecho de que en abril de 2018, es decir, dos años después de su emisión, el fondo JC Flowers comprara a BPA dichos CoCos, no por 70 millones de euros que era el valor nominal de los mismos establecido por la propia AREB en su momento, sino por 12,8 millones.

El hecho de que esa emisión de Cocos fuera suscrita en su momento por BPA no responde a ninguna lógica económica, ni al interés objetivo para dicha entidad, que en ese momento estaba bajo la tutela pública, sino a una decisión tomada por la AREB, claramente perjudicial para BPA a la vez que extremadamente beneficiosa para Vall Banc, que si bien en aquel momento también era todavía una entidad bajo el paraguas público, acabaría en manos privadas de un inversor ajeno al país. Dado todo ello, los beneficios de esta operación, basada fundamentalmente en atribuir inicialmente un valor nominal a la emisión de CoCos extraordinariamente hinchado, han acabado revertiendo en manos privadas foráneas.

Jesús Sánchez Lambás, Vicepresidente Ejecutivo del Instituto Coordenadas  asegura que “el culpable del hundimiento de la BPA y, por consiguiente, de las pérdidas ocasionadas a los inversores y pequeños accionistas, es el gobierno que preside el devaluado Antoni Martí, quien con su intervención liquidadora y desmedida actuación, segó los cimientos de un banco que había pasado todos los controles de eficiencia y rentabilidad de los supervisores y reguladores bancarios del país”.

SOBRE EL INSTITUTO COORDENADAS DE GOBERNANZA Y ECONOMIA APLICADA

Institución de pensamiento e investigación sobre “las cuestiones de nuestro tiempo” impulsando la interacción entre gobernanza y economía aplicada para progresar en los tres pilares del mundo postmoderno: bienestar social, progreso económico con justicia social y sostenibilidad ambiental; en pleno entorno evolutivo sin precedentes desde finales del Siglo XVIII y principios del XIX con la revolución industrial. Fiel a sus principios fundacionales de independencia, apartidismo y pluralidad, el Instituto lidera proactivamente la fusión entre la esencia y la innovación de la liberalización económica, como mejor modelo de afrontar los retos presentes y futuros de país, de Europa y del mundo.

NOTA DE INTERÉS: La información de este comunicado de prensa es un resumen de interés público proveniente de Estudios y estudios de análisis e investigación; de grupos y sesiones de trabajo de expertos y/o producción de artículos científicos del Instituto Coordenadas para la Gobernanza y la Economía Aplicada. Los documentos de trabajo originales y completos son de uso interno y de titularidad exclusiva del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada.