El gobierno de andorra fracasa en su intento de atraer inversiones extranjeras

El próximo día 7 de abril los andorranos están llamados a ir a las urnas para renovar los 28 escaños del Parlamento y elegir un nuevo Gobierno. Ocho meses más tarde se celebrarán las elecciones para decidir la composición de los siete ayuntamientos que componen el país pirenaico, cuya población apenas supera los 70.000 habitantes que viven en sus 468 kilómetros cuadrados, 150 kilómetros cuadrados menos que el municipio de Madrid. Será ese el momento para que los habitantes del Principado con derecho a voto determinen si Demòcrates per Andorra (DA), el partido de centro-derecha que gobierna el país andorrano desde 2011 merece revalidar la confianza de los ciudadanos. El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha creado un Grupo de Trabajo Especial Elecciones Andorra 2019 que analiza la situación económica de Andorra ante el reto electoral. El primer resumen señala que el compromiso del actual gobierno andorrano de atraer inversión extranjera ha sido un fracaso absoluto.

DA, partido de tendencia liberal y centrista tendrá enfrente en estos novenos comicios que se celebran tras la Constitución de Andorra a fuerzas políticas como Liberals d'Andorra, Junts y Socialdemocràcia i Progrés, de donde saldrá el nuevo ejecutivo como consecuencia de los votos de una tercera parte de la población andorrana, ya que las dos restantes están formadas por extranjeros, mayoritariamente españoles, franceses y portugueses que no tienen derecho al sufragio. Según el análisis del Instituto Coordenadas, quien forme gobierno deberá hacer frente a los retos que el Principado tiene apuntados en la agenda desde que decidió incorporarse al club de las democracias de la UE. Retos que, en mayor o menor medida, están relacionados con la imagen exterior de un país que debe consolidar su apuesta por la apertura y la modernidad.

En ese escenario hay que situar el hecho de que en noviembre de 2018 los jefes de estado y de gobierno de la Conferencia Iberoamericana otorgaban la Secretaría Pro Tempore para los próximos dos años a Andorra, período durante el que se celebrará en el Principado la Cumbre Iberoamericana en 2020. Andorra, país que releva a Guatemala en el organismo y cuyo idioma oficial es el catalán, será por dos años el centro de encuentros políticos, empresariales y culturales de la comunidad iberoamericana, que engloba a 22 países que tienen como idioma oficial el español o el portugués. Se pone así de manifiesto una extraña contradicción lingüística por cuanto  la realidad idiomática del país refleja un hecho incontrovertible consecuencia de la gran transformación demográfica que ha vivido el país desde la segunda mitad del siglo XX.

El Instituto Coordenadas señala que con esta designación, a la que cabe unir otras ceremonias como la celebración de unas finales de la Copa del Mundo de esquí alpino, Andorra busca iniciar un proceso de presentación al mundo como país abierto, moderno y de futuro, aunque lastrado por una imagen poco gratificante como consecuencia de haber sido paraíso fiscal durante décadas y haber acogido en su seno y alimentado un sistema financiero repleto de irregularidades cuyo punto álgido fue la más que discutible intervención de una entidad como BPA. Discutible porque era una entidad que tenía como factor negativo el no pertenecer al selecto grupo de familias que lleva gobernando Andorra, su banca y parte de su economía, desde tiempo no tan inmemorial, aunque ese tiempo no haya sido suficiente, por ejemplo, para despenalizar el aborto pese a las presiones internacionales para que “facilite el acceso al aborto legal en casos de riesgo para la vida o la salud de la mujer embarazada, violación, incesto y malformación fetal grave". La mezcla de nepotismo e iglesia resulta invencible, no en vano el abolengo de ciertas familias, unido al poder del obispo de Seo de Urgel y copríncipe de Andorra, no deja de ser una mezcla explosiva.

Lavado de imagen

Lleva años el actual gobierno del Principado de Andorra preparando lo que algunos analistas entienden como su gran apuesta por reconducir su imagen internacional, tan deteriorada por su dudosa reputación en todo lo que se refiere a dinero negro y malas praxis bancarias y todos sus resultados coinciden con la gran cita electoral. Y es ahí donde cabe enmarcar no solo la Conferencia Iberoamericana o el campeonato del mundo de esquí alpino, sino la decisión de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) de excluir a Andorra del listado de países no cooperantes en materia fiscal o el anuncio de Standard & Poor’s de reafirmar el rating BBB / A-2 para Andorra con una perspectiva estable. Todo sea por volver a ganar las elecciones.

El trabajo del Instituto Coordenadas señala que no ha desperdiciado la ocasión el actual presidente del gobierno andorrano, Antoni Martì, de ponerse al frente de tal avalancha de éxitos y hace meses que está empeñado en decir, a quién quiere escucharle, que todo ese abanico de logros es consecuencia de la política seguida a lo largo de la última década en que Andorra ha levantado, gradualmente, el secreto bancario, implementando mecanismos de intercambio de información fiscal, a demanda, primero, y automática, después.

El Principado, según sus propagandistas, ha puesto en marcha un nuevo modelo fiscal con una imposición directa con un tipo máximo del 10% y una imposición indirecta del 4,5%; ha firmado convenios de doble imposición y ha abierto la economía a la inversión extranjera. Todo ello, unido a un acelerado cambio en el sector bancario que ha permitido lavar parcialmente su imagen, colocando a Andorra, según Martí, en una situación inmejorable, lo que ha sido posible gracias a su labor tras llegar al poder en mayo de 2011. La propaganda no tiene límites.

Pese a todo el aparataje propagandístico, no parece que el presidente Antoni Martí Petit vaya a pasar a la historia de Andorra, país que en 2018 cumplió 740 y 730 años de la firma de los Pariatges de 1278 y 1288 entre el obispo de Urgell y el conde de Foix, quienes crearon el coprincipado y que este año celebra el seiscientos aniversario de la creación del Consell de la Terra, el Parlamento que de forma ininterrumpida ha representado la voluntad popular andorrana, aunque toda esa relevante historia no permitiera que el Principado cuente con una Constitución democrática  hasta febrero de 1993.

Zonas oscuras

Sin embargo, indica el Instituto Coordenadas, hace falta algo más que normas legislativas, turismo de nieve, comercio minorista, banca y buen trato fiscal para quienes se establezcan en Andorra, formal o informalmente, para pasar a la fecunda historia del país pirenaico y son muchos los analistas que ven demasiadas zonas oscuras en esa película de colores que el gobierno andorrano está empeñado en trasladar al mundo y que éste no parece tan dispuesto a comprarla fácilmente. ¿Quizá por una cuestión de falta de confianza?

Los observadores especializados en comercio y economía globalizada no se recatan en colocar el acento fuera de las grandes “logros” del gobierno de Martí y centrarse más en aspectos de la economía real, la cual parece hacer agua pese a los grandes esfuerzos del ejecutivo de DA por conseguir un éxito que en siete años se les ha demostrado esquivo.

Poco más de un año más tarde de que Martí llegara a la presidente del gobierno, el Parlamento andorrano aprobaba Ley 10/2012 de inversión extranjera, que sustituía a otra anterior de 2008, que se había demostrado claramente insuficiente para alcanzar los objetivos que se habían planteado y que básicamente eran los de atraer empresas de actividades esencialmente no presentes en Andorra.

En la exposición de motivos de la ley de 2012 promovida por el gobierno andorrano se aludía al hecho de que la inversión extranjera privada es un instrumento estratégico de la política para fomentar el crecimiento económico ya que la captación de recursos provenientes del exterior favorece la atracción del emprendimiento, del talento, de la innovación y del conocimiento. Igualmente se mencionaba que la inversión extranjera directa, influye en el crecimiento y aumenta la productividad y la eficacia en el uso de los recursos del país receptor, y que uno de los principales efectos de la inversión extranjera es la diversificación de la economía, con la creación de nuevos sectores económicos, y el aumento de la competitividad de los sectores ya existentes. Otros efectos producidos por la inversión extranjera son la difusión de buenas prácticas en materia de gestión de empresas, la transferencia de tecnología, la implantación de programas de formación y el incremento de los ingresos fiscales de los países receptores. Nada que no fuera cierto y digno de aparecer en pórtico de la Ley y en las primeras clases de una facultad de economía. El analisis del Instituto asegura que transcurridos siete años de vigencia de la Ley, todos bajo el gobierno de DA, cosa que permite evaluar con una cierta perspectiva los resultados obtenidos en esta materia, el resultado es claro: fracaso absoluto.

Un primer indicio de que las cosas no van como necesita Andorra es que los datos sobre inversión extranjera que proporciona el propio gobierno no siempre son suficientemente extensos y claros como para permitir un seguimiento preciso y continuado del impacto de la inversión extranjera en la economía del país. Ello conduce a pensar qué si ese impacto fuera todo lo positivo que cabría esperar, la comunicación por parte del gobierno sería, sin duda, más transparente y continúa. Un éxito de esas dimensiones no iba a ser desperdiciado por los estrategas electorales del gobierno y del partido que lo sustenta.

Sin transparencia

Así, recalca el Grupo de Trabajo, cuesta entender que estando en marzo de 2019, a las puertas de unas elecciones al Consell General, los últimos datos oficiales publicados sobre la materia por parte de Actua -el ente de carácter público privado, que aglutina diversos ministerios, agencias gubernamentales, asociaciones y/o entidades del sector privado, y que tiene como misión liderar la apertura económica a empresas foráneas y facilitar la inversión y la diversificación económica en Andorra- daten de 2016, lo que no deja de ser un sarcasmo en un mundo globalizado en el que tienen sentido -y mucho- los indicadores adelantados infringiendo las normas de Transparencia y. Ken gobierno

En todo caso, se constata que ha sido muy escasa la difusión dada por parte del gobierno a los datos de 2017, cosa que probablemente debe tener que ver con el hecho de que los mismos son francamente decepcionantes. Así, si atendemos al indicador del volumen de inversiones formalizado (que no quiere decir efectuado realmente) en 2017, se comprueba que éste alcanzó los 82,5 millones de euros, cifra que está lejos (un 16% menos) de la equivalente de 2016, que fue de 98,2 millones y también de la de 2015, que fue de 97 millones.  El volumen medio por inversión también decayó notablemente en 2017, situándose en 135.500 euros, claramente por debajo de los 155.900 de 2016 y todavía más de los 169.500 de 2015.

Otra lectura de estos datos, indicarían que el fuerte salto que se produce entre 2014 y los años siguientes (la cifra de 2014 era de 49,8 millones, que pasa a ser en 2015 de 97,0 millones, casi el doble) no respondería, en su mayor parte, a la formalización de nueva inversión extranjera como tal, sino que provendría de la regularización de patrimonios de ciudadanos no residentes, a raíz de los acuerdos alcanzados con España para evitar la doble imposición.

En cualquier caso, conviene tener presente que el dato que finalmente es significativo para el análisis del comportamiento de la evolución de la inversión extranjera no es tanto el de la inversión formalizada, sino el de la inversión real, la efectivamente llevada a cabo, y sobre está el gobierno no es capaz de ofrecer información mínimamente actualizada.

Sin renovación económica

El Estudio del Instituto indica con claridad que si los aspectos cuantitativos de la evolución de la inversión extranjera en Andorra resultan claramente decepcionantes, cuando la valoración se hace desde la perspectiva cualitativa y en relación con los objetivos planteados, el balance tampoco tiene nada de satisfactorio. Uno de los beneficios primordiales que supuestamente iban a derivar de la inversión extranjera era la diversificación de la economía, con la creación de nuevos sectores económicos. Pues bien, con datos de 2017, los sectores de actividad más tradicionales de la economía andorrana concentran la práctica totalidad de la inversión extranjera: prestación de servicios (35,9% de la total), inversión patrimonial (31,1% de la total), promoción inmobiliaria y construcción (17,4%) y comercialización (10,7%).

Si por el contrario se analizan los nuevos sectores necesarios para el futuro de Andorra y que a la vez cumplirían  objetivos primordiales de la ley del 2012 como son la “atracción del emprendimiento, del talento, de la innovación y del conocimiento”, se puede encontrar, por ejemplo, con que el sector de actividad denominado de “proyectos, diseño e investigación”, que en 2012 absorbía el 35,1%  del volumen de inversiones extranjeras formalizado, en 2017 el porcentaje había descendido a un ridículo 0,1%,  que resulta especialmente indicativo del fracaso absoluto de la política de atracción de la inversión extranjera llevada a cabo por el gobierno de DA.

Otro elemento claramente controvertido de la legislación sobre inversión extranjera andorrana que refleja el Instituto Coordenadas es la posibilidad, denunciada por la prensa francesa de que dicha legislación presenta lagunas que permiten la entrada en Europa de inmigración ilegal, en este caso procedente de China. Así, ello permitiría a emprendedores extranjeros, con al menos el 11% del capital de una empresa, beneficiarse de un permiso de residencia en Andorra como inversor. Según esta fuente (“Le Parisien”), los investigadores de este asunto podrían haber identificado cerca de 500 aperturas empresariales, relacionadas con esta práctica fraudulenta.

Se estaría, pues, ante una política en materia de inversión extranjera por parte del gobierno de DA, que no solo ha sido incapaz de cumplir los objetivos que se proponía para favorecer la economía andorrana, sino que lo que ha conseguido es propiciar la entrada de inmigración ilegal en el país. 

Otro factor beneficioso de la inversión extranjera para un país, también recogido entre los objetivos de la Ley de 2012, es la contribución de ésta al incremento de los ingresos fiscales de los países receptores. No existen datos sobre el impacto fiscal de la inversión extranjera y de su contribución a los ingresos del Estado, pero nada parece indicar que esta haya sido positiva, en un contexto general que muestra que la evolución más reciente de los ingresos del gobierno es claramente negativa, con una reducción en 2017 del 3,5%.  

Economía estancada

En resumen, señala el  Instituto Cordenadas, si se confrontan los objetivos que se proponía con la política favorable a la inversión extranjera del gobierno presidio por Antoni Martì en las dos últimas legislaturas con los resultados obtenidos, el balance sería calamitoso en lo que se refiere al fomento del crecimiento económico; a la atracción del emprendimiento, del talento, de la innovación y del conocimiento; al aumento de la productividad y la eficacia en el uso de los recursos del país receptor, y al incremento de los ingresos fiscales de los países receptores. Eurostat es taxativo en este punto: el crecimiento económico de Andorra en 2017 ha sido inferior al de España, Francia y el conjunto de la UE

El Departamento de Estadística de Andorra bajo la sombra permanente al no publica indicadores de productividad, pero en cualquier caso resulta llamativo que el PIB real per cápita andorrano sea en 2017 (26.348,78 euros por habitante sobre la población estimada) prácticamente idéntico al de 2013 (26.349,52 euros por habitante), pese a que estos años han sido de recuperación económica en prácticamente todos los países occidentales, una vez superadores los efectos más devastadores de la crisis entre 2008 y 2012. 

Pese a estos demoledores datos, el Instituto Coordenadas asegura en su Estudio que la autocomplacencia del gobierno de Andorra no ceja, inconscientes de que hace falta algo más que una verdad de Perogrullo como la que se encargan de difundir los grandes hagiógrafos del actual gobierno  cuando afirman que “el mejor instrumento que asegura el éxito es, justamente, la libertad económica, tan bien interpretada por los dirigentes políticos en los últimos años. Cualquier ataque a la libertad o cualquier regulación ineficiente, supondrían costes irrecuperables y frenarían el crecimiento económico y la cohesión social. De ahí la necesidad de defenderla con todos los instrumentos del Estado de Derecho”.

Jesús Sánchez Lambás, Vicepresidente Ejecutivo del Instituto Coordenadas, afirma que “todo apunta a que algo falta en Andorra y que el actual gobierno no ha sido capaz de aportar. En economía influyen diversos factores, no solo los racionales. Detrás de cada toma de decisión de carácter económico hay variables psicológicas que priman más que las que enseñan los manuales de economía. Y una de esas variables principales que influyen en la toma de decisiones económicas de empresarios y particulares es la confianza en las instituciones, de las que se espera imparcialidad, equidad y, sobre todo, eficiencia, algo que el actual gobierno del Principado no ha sido capaz de transmitir”.

SOBRE EL INSTITUTO COORDENADAS DE GOBERNANZA Y ECONOMIA APLICADA

Institución de pensamiento e investigación sobre “las cuestiones de nuestro tiempo” impulsando la interacción entre gobernanza y economía aplicada para progresar en los tres pilares del mundo postmoderno: bienestar social, progreso económico con justicia social y sostenibilidad ambiental; en pleno entorno evolutivo sin precedentes desde finales del Siglo XVIII y principios del XIX con la revolución industrial. Fiel a sus principios fundacionales de independencia, apartidismo y pluralidad, el Instituto lidera proactivamente la fusión entre la esencia y la innovación de la liberalización económica, como mejor modelo de afrontar los retos presentes y futuros de país, de Europa y del mundo.

NOTA DE INTERÉS: La información de este comunicado de prensa es un resumen de interés público proveniente de Estudios y estudios de análisis e investigación; de grupos y sesiones de trabajo de expertos y/o producción de artículos científicos del Instituto Coordenadas para la Gobernanza y la Economía Aplicada. Los documentos de trabajo originales y completos son de uso interno y de titularidad exclusiva del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada.