El Instituto Coordenadas alerta de que casi 6 de cada 10 euros de contratación social fiscalizada no eran localizables en el Portal de Transparencia

El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA) advierte de una brecha relevante entre la información contractual que formalmente se publica y la que el ciudadano puede localizar de manera efectiva en los canales públicos de transparencia. Su informe especial 'Contratación Pública y Transparencia' concluye que 105 de los 253 contratos fiscalizados en políticas de protección y promoción social no figuraban en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado, pese a estar publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La dimensión económica amplifica el alcance del problema: esos 105 contratos suman 260,58 millones de euros, el 58,41% de los 446,14 millones fiscalizados. Para el Instituto Coordenadas, el dato revela que la transparencia no puede medirse únicamente por la existencia formal de información en alguna plataforma administrativa, sino por la capacidad real de localizarla, su accesibilidad, y relacionarla, reconstruyendo el recorrido de una decisión de gasto público.

El estudio parte del Informe de Fiscalización nº 1.696 del Tribunal de Cuentas, aprobado el 22 de septiembre de 2026, y realiza un desglose propio por ministerio y entidad a partir de sus anexos. El perímetro comprende 253 contratos por 446,14 millones de euros, cinco convenios por 22,14 millones de euros y 53 encargos a medios propios por 222,44 millones de euros, vinculados al Área de Gasto 2 de los Presupuestos Generales del Estado.

El ICGEA subraya que el propio Tribunal concluye que, con carácter general, los órganos fiscalizados cumplen las obligaciones de publicidad y transparencia. Sin embargo, identifica incumplimientos y deficiencias concretas que, analizadas conjuntamente, muestran una trazabilidad pública opaca en distintas fases de la contratación.

260 millones fuera del radar del Portal de Transparencia

La principal alerta del análisis no está en la inexistencia de información, sino en su fragmentación. El Tribunal de Cuentas no localizó en el Portal de Transparencia 105 contratos que sí constaban en la Plataforma de Contratación. La incidencia afecta al 41,50% de los expedientes analizados, pero al 58,41% del importe fiscalizado, debido al peso económico de algunos de los contratos afectados.

"Una Administración no es transparente porque publique un documento en algún recóndito espacio de su ecosistema digital. La transparencia exige que la información sea accesible, trazable, comparable y reutilizable. Si el ciudadano necesita saber previamente en qué plataforma buscar cada pieza del expediente, estamos ante una opacidad deliberada, inasumible democráticamente”, señala Jesús Sánchez Lámbas, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas.

El informe identifica además una segunda brecha de alcance institucional: ninguno de los 53 encargos a medios propios analizados, por un importe conjunto de 222,44 millones de euros, figuraba en el Portal de Transparencia, siendo esta contratación in house la más patológica El Tribunal considera que estos encargos deben quedar comprendidos en las obligaciones de publicidad activa y propone aclararlo expresamente en una futura reforma normativa, cuando la realidad es que “ya existe” la obligación de hacerlo y el Tribunal tiene sobradas competencias por alcance contable. El 35,85% de los encargos tampoco tenía publicadas las tarifas aplicables y nueve se publicaron más de un año después de su formalización en la Plataforma de Contratación.

La información publicada no siempre permite reconstruir el expediente

El análisis detecta también carencias en documentos necesarios para entender por qué se contrata y cómo se adopta la decisión. En 75 de los 253 contratos, el 29,64%, no estaba publicada la memoria justificativa, mientras que, en 93 de los 235 contratos de servicios, el 39,57%, no se incorporaba públicamente el informe de insuficiencia de medios.

El ICGEA precisa que la ausencia de publicación no equivale a la inexistencia del documento en el expediente ni permite concluir por sí sola que el contrato sea ilegal. Sí impide, cuando la norma obliga a hacerlo público, que terceros puedan reconstruir íntegramente la motivación contractual y constituye un incumplimiento de publicidad cuando así lo determina el Tribunal de Cuentas.

El informe introduce además una matización relevante sobre uno de los porcentajes más elevados de la fiscalización: 57 de los 58 contratos tramitados mediante procedimientos distintos del abierto o restringido no publicaron la justificación de la elección del procedimiento. Los 57 corresponden a negociados sin publicidad del IMSERSO vinculados al programa de Termalismo y a plazas residenciales en Ceuta. El Instituto Coordenadas concluye, por tanto, que se trata de una práctica muy concentrada y no de un comportamiento generalizado en todos los organismos analizados.

Del cumplimiento formal a la transparencia efectiva

Para el Instituto Coordenadas, los resultados evidencian la pobreza del control y la contumacia antidemocrática al control ciudadano, obligando a evolucionar desde un modelo basado en la publicación documental hacia otro centrado en la transparencia efectiva del dato con la base de su justificación, al ser decisiones sometidas al control ciudadano, al contable del Tribunal y al judicial. El estudio detecta documentos escaneados o manuscritos, métricas económicas no homogéneas y discrepancias en el número de licitadores de 37 contratos, circunstancias que dificultan comparar, agregar y analizar sistemáticamente la contratación pública.

”El problema no es solo cuánto se publica, es si lo publicado permite entender qué se contrata, por qué, mediante qué procedimiento, con qué concurrencia, a quien se le adjudica y con qué resultado. La trazabilidad debe funcionar de principio a fin y no depender de que el ciudadano se convierta en un profesional altamente cualificado para el rastreo del expediente saltando entre plataformas”, afirma Sánchez Lámbas.

El ICGEA propone, entre otras medidas, controles automáticos, con estándares serios de cumplimiento preceptivo que alerten de documentación obligatoria pendiente, conciliación periódica entre la Plataforma de Contratación y el Portal de Transparencia, publicación de los encargos a medios propios con sus tarifas, programación contractual previa al inicio del ejercicio y formatos abiertos y reutilizables. También plantea publicar indicadores periódicos por organismo sobre expedientes completos, tiempos de publicación y concurrencia, reforzando las competencias de control contable.

El Instituto Coordenadas considera que estas medidas, un mínimo esfuerzo de unas pocas hojas en el BOE, permitirían reforzar la rendición de cuentas sin confundir las deficiencias de publicidad con irregularidades materiales que la fiscalización no acredita. El objetivo, concluye, debe ser que la transparencia deje de depender del lugar en el que se encuentre cada documento y pase a medirse por la posibilidad real de seguir el rastro completo de cada decisión contractual, esto es una Transparencia real como fundamento de la calidad democrática.

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