Diez meses perdidos

Diez meses ha necesitado el sistema parlamentario para desbloquear una investidura que ha permitido a Rajoy convertirse en presidente del gobierno para gobernar con un una frágil minoría, cuya sostenibilidad no va a ser posible si no existe algo más que la disposición del PSOE de abstenerse para facilitar el fin del gobierno limitado que se ha padecido.

Diez meses de gobierno en funciones, durante los cuales se han escenificado todo tipo de desavenencias entre el conjunto de las fuerzas políticas, cuyo periodo ha terminado como debería haber empezado hace más de 300 dias y que encierra una normalidad ficticia que puede tener fecha de caducidad, lo cual no resulta muy tranquilizador.

Durante este largo periodo de gestación de la investidura de Rajoy, los líderes de los partidos políticos del arco parlamentario han mantenido férreamente un discurso o un relato, como suele decirse de un tiempo a esta parte, basado en grandes conceptos, la más de las veces vacíos, que sorprendentemente ha sido asumido por la prensa sin que mediara una demanda sobre el contenido de tan pobre argumentario.

Durante los diez meses de interinidad, la vaciedad de los mensajes ha sido una constante por parte de unos y otros, vaciedad que habrá que rellenar, si de lo que se trata no es solo de facilitar una investidura sino de facilitar la gobernabilidad, algo que los mercados anhelan y esperan.

La rotunda negativa del PSOE, principal partido de la Oposición, a facilitar durante meses la investidura del representante del partido más votado, se ha basado de forma obstinada y obsesiva en mensajes apocalípticos sobre la situación de España y de los españoles, así como en demonizar al PP responsabilizándole de todos los males que aquejan a esta sociedad. Durante el largo periodo de parálisis política, significados representantes del PSOE, han basado su negativa a dejar gobernar al PP en que éste “es un partido que ha hecho mucho daño a España”, que la gestión de Rajoy ha sido “inhumana y desastrosa” o, culpabilizando al partido conversador de los recortes y del agotamiento de los recursos; de la reforma laboral que ha quitado derechos a los trabajadores; de haberse olvidado de la sanidad, de la educación o de la ley de dependencia, de la corrupción, de recortar derechos y prestaciones; de olvidarse de los enfermos y de las personas en situación de dependencia y de los inmigrantes.

Tan es así el grado de descalificación alcanzado contra el PP que los defensores del no a la investidura parecían basar su firme posicionamiento en la perversión genética del mismo, que ha sido capaz de destruir el país y a su sociedad, ofreciendo una imagen patética de España que no encaja en su totalidad con la realidad.

Frente a tan apocalíptico diagnostico, la respuesta de Rajoy ha sido tan simple como vacua y repetida. “Hay que seguir trabajando…quedan muchas cosas por hacer”, muletilla que le ha acompañado a lo largo de todo su gobierno y que se ha convertido en un arcano indescifrable, sin que en ningún momento se determine qué medidas y qué contenidos son los que nos esperan. Mucha música y poca letra.

Aunque se pueda estar de acuerdo parcialmente con la teórica ofrecida por el PSOE, lo cierto es que no se ofrece ni una mala cifra, ni un mal dato, ni un argumento sólido. Solo dimes y diretes. Cuando la clase política decide poner en marcha el engranaje de la propaganda no necesita nada de eso y mucho menos de antecedentes históricos que, al menos, permitirían a los ciudadanos y votantes hacerse una idea del punto de partida y con ello de la situación económica real de hoy.

Porque mientras unos azuzan la agresividad popular contra el gobierno, la economía española crece el doble que la media de la Eurozona, cuya economía ha recuperado recientemente los niveles de 2008 como el resto de los países de la UE y la Comisión Europea jalea la política económica de Rajoy y de su ministro De Guindos. Y todo ello con un déficit y una deuda pública que se hace difícil domeñar por mor de las necesidades sociales y de escasez presupuestaria. Los Presupuestos Generales del Estado no mienten y no se puede ignorar que la crisis ha tenido efectos devastadores, lo que no ha impedido que un 30% de los hogares españoles dependan de prestaciones públicas.

Hoy, cuando se habla de gobernabilidad con un futuro gobierno en franca minoría, la participación del PSOE en ese futuro parece inevitable y solo entonces se comprobará la capacidad de retratarse y de superar consignas y eslóganes.

Por centrarnos en las exigencias más requeridas por el PSOE a lo largo de la última legislatura y de estos diez últimos meses, están la derogación de la reforma laboral, de la LOMCE o de la Ley de Seguridad Ciudadana y ello sin contar con la sostenibilidad de las pensiones, la financiación autonómica y un largo etcétera, siempre con la inexcusable necesidad de cumplir con un recorte del déficit público exigido por Bruselas que deberá situarse en el 3.1% del PIB a finales de 2017.

De ninguna de esas normas legales, los ciudadanos conocen cuales son las modificaciones que caben hacer, ya que ninguno de los dos grandes partidos, supuestamente obligados a parlamentar, pactar o consensuar, han dejado entrever aspecto alguno o punto concreto de sus aspiraciones de cambio, en el caso de que el tremendismo en el que este país está metido permita acotar los problemas y facilitar las soluciones.

Tomando la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa que viene a modificar la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, conocida como LOMCE, sería interesante conocer si la alternativa que se propone consiste en dinamitar el largo y prolijo preámbulo de quince apartados, el medio centenar de páginas del BOE modificando la normativa anterior o las numerosas disposiciones adicionales, transitorias o finales. O si por el contrario el tema va por suprimir la reválida y suprimir la exigencia de esfuerzo que debería comportar el estudio. Si fuera así, mucha alforja para tan corta carga.

Si se decide adentrarse en la reforma laboral, cuya abolición reclama el PSOE, de lo que estamos hablando es de un Real Decreto-ley de 63 páginas con largo preámbulo, minucioso articulado y no menos prolijo número de disposiciones finales. Aunque la reforma haya podido suprimir parte de la protección histórica que cubría a los trabajadores y ha abaratado y facilitado el despido, lo cierto es que el análisis hay que contextualizarlo y valorar sus resultados en creación de empleo –muy posiblemente mejorable- o mirar a Francia, en donde un gobierno socialista poco menos que ha clonado la reforma española.

Algo similar cabría decir de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, normativa de 54 artículos y diversas disposiciones adicionales, transitorias y finales. ¡Algo debería ser recuperable!

La cuestión es que, tras diez meses de gobernabilidad limitada, casi nadie conoce la disposición de unos y de otros a transar y consensuar y ello pone nerviosos a los mercados que, tras un largo periodo de bloqueo político, llevan esperando un gobierno estable para tomar unas decisiones remansadas durante meses.

Y todo ello teniendo presente conceptos como déficit o deuda por los que la izquierda, en general, no siente especial simpatía.

Fuente: Tendencias del Dinero