Banca italiana: ¿solución pública o privada?

La banca italiana ha vuelto a convertirse en el centro de atención del sistema financiero europeo -en 2016 ha perdido el 46% de su valor en bolsa- debido a la elevada morosidad (360.000 millones de euros) en un entorno de bajo crecimiento económico y de baja rentabilidad, lo que lleva tiempo generando dudas sobre la sostenibilidad de algunas de sus entidades, algo que se ha visto agravado por la caída de los mercados tras el Brexit y la petición, por parte del Sistema de Supervisión del BCE a una de sus entidades, de un plan de reducción de morosos tres veces más agresivo del que tenía en su plan estratégico.

La rentabilidad de la banca italiana alcanzó en 2015 el 3% sobre recursos propios y está muy presionada a la baja, debido a que el modelo de banca minorista que prevalece en Italia es el más afectado por los tipos de interés negativos, al tener una fuerte base de depósitos; por el elevado peso de activos morosos que es una rémora para los resultados, y por la ratio de eficiencia del sistema financiero que se encuentra en el 65% al tratarse de un sector muy fragmentado con 630 entidades.

De acuerdo con el FMI, los grandes bancos italianos van a generar beneficios, aunque reducidos, en los próximos años, pero los pequeños (con un 12,5% de cuota de los préstamos) van a registrar pérdidas. La rentabilidad financiera media del sistema se estima en un 3,2% que se reduciría al 0,8% o al -8,4% en un escenario de estancamiento o de estrés respectivamente.

Esto dificulta la limpieza de balances, la recapitalización del sistema y la capacidad de financiar a la economía, generando un círculo vicioso que es necesario romper.

Mientras las autoridades italianas han llevado a cabo una serie de tímidas medidas, como el establecimiento de garantías públicas a la titulización de activos dudosos, el sistema se enfrenta a un problema de enjundia para activar el mercado de activos morosos, como es el marco judicial y regulatorio de insolvencias, que hace que el plazo de recuperación de un crédito pueda irse hasta los 8 años y aunque se han tomado medidas en este sentido, éstas solo afectan a la nueva deuda.

Así, la solución pasa por una recapitalización del sistema que vaya condicionada a la limpieza de balance y a una reestructuración de las entidades. En ambos casos, el problema y solución, se vuelve político.

Debido a la entrada en vigor de la Directiva de Resolución, las entidades europeas no pueden acudir al fondo de resolución y solicitar ayuda pública si no han convertido antes en capital al menos el 8% de los pasivos con acreedores, algo complicado políticamente en Italia, al estar tanto la deuda subordinada como la sénior, en gran parte, en manos de inversores minoristas.

El test de estrés podría abrir una ventana de oportunidad para llevar a cabo una “recapitalización preventiva” de aquellas entidades viables que suspendan en el escenario adverso y tengan dificultadas para financiarse en el mercado, pero tan sólo cinco entidades italianas se enfrentan al test de estrés y algunas de ellas se encuentran entre las entidades “fuertes”.

Además, el panorama político italiano tampoco ayuda. El primer ministro Renzi ha convocado un referéndum para octubre en el que se solicita la aprobación de una reforma constitucional y al que ha condicionado su continuidad en el gobierno.

La Comisión Europea (CE) y las autoridades italianas están en una negociación sobre el enfoque a seguir, ya que mientras la postura italiana se inclina más por un rescate público (bail-out) que no afecte a los acreedores minoristas, la CE propone que las pérdidas las asuman los acreedores, accionistas, bonistas y depositantes (bail-in).

Lo que, por ahora, parece claro es que la publicación de los test de estrés de la European Banking Authority (EBA) el próximo 29 de julio, requerirá de la recapitalización al menos de la entidad más débil, Monte de Paschi de Siena, que según Goldman Sachs tiene unas necesidades de capital de entre 3.000 y 5.000 millones de euros, lo que podría hacer que el bail-in se realizara sólo sobre la deuda subordinada. No obstante, Goldman Sachs estima unas necesidades de capital para el sistema entre 21.000 y 38.000 millones de euros, por lo que hará falta llegar a una solución sistémica.

La duda es si se anunciará al mismo tiempo o si se esperará a octubre para proteger el momento político, aunque lo que está claro es que se debe aprovechar la oportunidad para llevar a cabo una restructuración profunda del sistema financiero italiano.

Post-it

• La deuda subordinada son títulos valores de renta fija con rendimiento explícito emitidos normalmente por entidades de crédito que ofrecen una rentabilidad mayor que otros activos de deuda. Sin embargo, esta mayor rentabilidad se logra a cambio de perder capacidad de cobro en caso de extinción y posterior liquidación de la sociedad -la quiebra o bancarrota-, ya que está subordinado el pago en orden de prelación en relación con los acreedores ordinarios.

Fuente: Tendencias del Dinero