La CNMC contra las telecos: regulación o intervencionismo
Análisis, 04 de diciembre de 2015
Dieciséis años después de que Telefónica dejara de ser monopolio tras ser totalmente privatizada por el gobierno Aznar, la bronca entre el regulador -Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)- y la compañía de telecomunicaciones más importante de Europa y la quinta del mundo, presidida por Cesar Alierta, sigue alcanzando cotas indeseables, como consecuencia de lo que se considera, en algunos ámbitos, una “obsesión” del regulador estatal hacia la hoy compañía privada, que solo busca recortar el potencial de crecimiento de ésta. El supuesto es negado con rotundidad por la CNMC amparándose en los principios de la libre competencia y la defensa de un mercado doméstico, mercado que, tarde o temprano, tendrá que adecuarse a planteamientos regulatorios de carácter global, como ocurre en buena parte del resto del planeta. Solo así, podrá defenderse realmente el principio de competencia.
La última escaramuza ha levantado ampollas al obligar la CNMC a Telefónica a compartir definitivamente su red de fibra óptica en España, mediante alquiler a un precio regulado en todo el país, salvo en aquellas ciudades en las que ya operen tres compañías de telecomunicaciones con una cuota de, al menos, el 20% de la población cada una. La exigencia se considera que podría alterar el mapa inicialmente previsto por los distintos operadores a la hora de instalar esta infraestructura. La decisión de la CNMC, adoptada para regular el mercado de banda ancha, se remonta a finales de 2014 cuando el regulador estableció que, para no tener que abrir red, hubiera al menos tres redes de nueva generación -de fibra o cable- compitiendo en la ciudad.
Los municipios que actualmente superan ese umbral son 34, frente a los nueve que cumplían esos requisitos hace casi un año, cuando el organismo regulador lanzara su primer borrador de la norma.
La actuación de la CNMC ha sido calificada desde siempre como intrusiva por la compañía española ya que desincentiva la inversión, no sólo de Telefónica sino del resto de operadores, y ello puede entenderse como un obstáculo a la competencia, competencia que no corre peligro alguno en España ya que además de los tres grandes operadores
