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Claves para una gobernanza digital mundial

Análisis, 24 de septiembre de 2020

Las preocupaciones geopolíticas y de seguridad nacional, el respeto a la privacidad individual y las implicaciones económicas derivadas de la ventaja competitiva que implica la incorporación de las nuevas tecnologías al ámbito productivo mantienen a flor de piel un trascendente debate global a propósito de la gobernanza digital mundial.

En un artículo publicado recientemente en Foreign Affairs por Adam Segal se señala, por ejemplo, que “si Estados Unidos fortaleciera las relaciones con sus aliados podría encontrar socios más dispuestos a colaborar en el desarrollo de estándares internacionales, proteger la propiedad intelectual sensible e invertir en 5G y otras tecnologías emergentes. Por su parte, Dani Rodrik en Project Syndicate señala la importancia de los beneficios de las reglas comunes, abundando que “todavía es posible que las democracias cooperen entre sí” y desarrollen esas reglas. Dani Rodrik, no obstante, admitiendo el derecho de cada país a establecer sus propios requerimientos de seguridad nacional, desautoriza cualquier propósito de imposición de unas regulaciones por parte de unos a otros países y ejemplifica en el caso de Huawei el derecho de cada país a evaluar riesgos y decidir soberanamente en función de sus propios intereses.

En este contexto, un grupo de expertos convicados por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha iniciado un debate sobre esta cuestión y considera que la opción de arbitrar un esquema regulatorio universalmente aceptado es, sin duda, la más conveniente frente a la hipótesis de una fragmentación de la gobernanza que repercutirá negativamente en la eficiencia económica, creará severas distorsiones en el mercado y dañará los intereses de las empresas. Al conjurar el surgimiento de hipotéticos bloques digitales o también de “paraísos digitales”, con reglas más laxas, los beneficios de las reglas comunes son evidentes.

Según los analistas del Instituto Coordenadas, la partida decisiva se juega entre dos actores principales. EEUU desarrolló su propio argumentario, basado en la primacía de la seguridad nacional sobre cualquier otra consideración, para establecer su propio estándar y asegurar su aceptación por parte de otros gobiernos aliados que, ante la tesitura, deben elegir entre establecer soberanamente sus propios estándares regulatorios y requisitos de seguridad nacional o simplemente allanarse a las pretensiones de EEUU, asumiendo los costes derivados, a menudo sustanciales cuando no graves. Ante la falta de evidencias, nunca ofrecidas, que sustenten la prohibición de operaciones de ciertas empresas, la solidaridad política determina la orientación de las decisiones.

Ante tal estado de cosas, China, el otro actor clave de esta ecuación, también mueve sus peones. Recientemente, el gobierno del gigante asiático reiteró que “no ha exigido ni exigirá que las empresas chinas proporcionen datos del extranjero ya que eso violaría las leyes de otros países”. La afirmación, que no es extraña ni novedosa, llega en esta ocasión acompañada de un seminario sobre la gobernanza digital en el que se anunció el lanzamiento de una iniciativa global de seguridad de datos que pueda servir de estándar universal. Implícitamente, se reconoce que la seguridad nacional, los intereses públicos y los derechos personales están en el alero con los crecientes riesgos en esta materia. La propuesta incluye desde la prohibición a los proveedores de TICs de instalar puertas traseras en sus productos y servicios para la obtención ilegal de datos de los usuarios hasta un plan para la formulación de reglas internacionales que aseguren la salvaguarda de la seguridad de la cadena de suministro y el desarrollo de la economía digital. ¿Puede esta plataforma mejorar la confianza mutua y la cooperación en seguridad de datos entre países? Es mucho lo que está en juego. A priori, el compromiso es posible y estamos a tiempo, pero el contexto político global ejerce una importante influencia y las incertidumbres pesan lo suyo.

De entrada, consideran los analistas del Instituto Coordenadas, esas reglas globales no tienen por qué ser incompatibles con normativas de carácter local que aporten solvencia y adaptación a las circunstancias, inevitablemente diferentes, de cada realidad nacional en función de las prioridades de los respectivos gobiernos. En todo caso, los estados deberían respetar la soberanía, la jurisdicción y la gobernanza de los datos de otros países, en el marco de acuerdos bilaterales y multilaterales. La cantidad de usuarios de internet móvil ha llegado a los 3.500 millones en el mundo y la economía digital representa más del 15 por ciento del PIB global; mientras,  las leyes y regulaciones sobre datos difieren en cada país. Una cierta sensatez y buen juicio aconsejarían una respuesta global para los problemas de seguridad. Y solo desde la asunción del multilateralismo como principio rector puede abordar la comunidad internacional los riesgos y desafíos derivados de la seguridad de datos.

La afectación de esta variable a la gobernanza digital mundial es clave, destaca el análisis del Instituto Coordenadas. Y el signo de su resolución es de primordial importancia para el desarrollo futuro de la economía y sociedad mundiales. No podemos construir ahora un nuevo “Muro de Berlín digital”, como señala Philip Mai, investigador del Social Media Lab en la Universidad de Ryerson en The Conversation, que no haría sino afectar a la cadena de suministro y dificultar severamente el desarrollo de la economía digital. En coherencia con tal perspectiva, la seguridad no puede ser un pretexto para obtener ventajas competitivas. Al final, esto se traduce en una práctica que nutre la proliferación de actos intimidatorios que carecen de la más mínima legitimidad, como señala Dani Rodrik. La existencia de un conjunto de reglas internacionales reforzada con la diversidad regulatoria nacional tiene el potencial para maximizar los intereses de todos los actores en liza. Lo que a este respecto pueda decir la Unión Europea puede realmente inclinar la balanza, concluyen los analistas del Instituto Coordenadas.

SOBRE EL INSTITUTO COORDENADAS DE GOBERNANZA Y ECONOMIA APLICADA

Instituto de pensamiento e investigación de la interacción entre gobernanza y economía aplicada para avanzar en constructivo y en decisivo sobre el trinomio: bienestar social, progreso económico con justicia social y sostenibilidad ambiental; en pleno entorno evolutivo sin precendentes desde finales del Siglo XVIII y principios del XIX con la revolución industrial. Fiel a sus principios fundacionales de independencia, apartidismo y pluralidad, el Instituto lidera proactivamente la fusión entre la esencia y la innovación de la liberalización económica, como mejor modelo de afrontar los retos presentes y futuros de país, de Europa y del mundo.

NOTA DE INTERÉS: La información de este comunicado de prensa es un resumen de interés público proveniente de trabajos de análisis e investigación; de grupos y sesiones de trabajo de expertos y/o producción de artículos científicos del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada. Los documentos originales y completos son de uso interno y de titularidad exclusiva del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada.

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