“Tiempo muerto” para la economía española

De forma sistemática, no hay declaración pública ni análisis relevante sobre la economía española en los últimos meses que no termine señalando la imperiosa necesidad de que en España se continúe con el proceso de reformas de las que tan orgulloso se siente Rajoy, a fin de dejar la crisis “definitivamente atrás”. Sin embargo, el calendario electoral, con la consiguiente disolución de Las Cortes y el conflicto catalán, anuncian el final del proceso reformista con todas las consecuencias y la aparición en la agenda de los inversores del conocido como “riesgo político” que empieza a cotizar a la baja y que tiene su máxima expresión en el pulso que el independentismo catalán está dispuesto a mantener con el gobierno de Madrid.

En ello han coincidido desde Lagarde a Junkeer pasando por Draghi o De Guindos, aunque algunos de ellos, cuando hablan de continuar con la necesidad de seguir con las reformas, apuntan, básicamente, a adoptar “acciones adicionales” en lo relativo a las políticas de empleo y, sobre todo, a “la reducción de la aún elevada dualidad” en el mercado laboral “para hacer sostenible la reactivación del empleo”.

En definitiva, en el fondo de las declaraciones de todos ellos referidas a la necesidad de continuar con las reformas, subyace, entre otras, la implantación del denominado contrato único, un imposible con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, aunque, en opinión de los analistas internacionales, está “dañando la productividad” de las empresas españolas.

En este sentido, los informes elaborados por la Comisión Europea mantienen que “los nuevos tipos de contratos introducidos y los incentivos para alentar a las empresas a contratar personal de forma indefinida, no parecen estar siendo utilizados a pleno potencial”.

Sin embargo, hay medidas en el aspecto laboral