Barcelona lidera los casos de ocupación ilegal de vivienda y favorece la aparición de ‘okupas’ no vulnerables

Los altos niveles de ocupación ilegal de vivienda en Cataluña y, en concreto, en Barcelona y su área metropolitana, siguen situando dicha autonomía a la cabeza de este tipo de actividad delincuencial. De hecho, el territorio catalán lidera las cifras estatales de denuncias por ocupación de vivienda desde el año 2015, y en 2020 llegó a representar más de la mitad de los casos registrados en toda España. Entre 2015 y 2022, las denuncias por este delito han aumentado más de un 77% en Cataluña, lo que ha dado pie a la aparición de nuevos modelos y perfiles de ‘okupas’ que no están en situación de vulnerabilidad.

Así se desprende del análisis realizado por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, entidad que ha estudiado en detalle el volumen y evolución de los casos de ocupación ilegal de vivienda producidos a nivel nacional en los últimos años y, particularmente, en Cataluña, donde en la actualidad se da casi el 42% del total de casos, según datos del Ministerio del Interior correspondientes a 2022.  

“Resultan extremadamente llamativos los niveles alcanzados en esta Comunidad Autónoma y en su capital en apenas cinco años, desde que se tienen registros estadísticos sobre los juicios verbales por ocupación ilegal, desde el tercer trimestre de 2018”, destaca el portavoz y vicepresidente del Instituto Coordenadas, Jesús Sánchez Lambás. “De hecho, si nos remontamos más atrás en el tiempo y observamos el volumen de denuncias por ocupación ilegal de inmuebles, vemos que en 2015 Cataluña registró 3.950 casos, mientras que en todo el 2022 fueron 7.005, un 77,3% más”, alerta.

Del total de casos en esta autonomía en 2022, la mayor parte se dieron en la provincia de Barcelona, que en los primeros once meses del año registró 4.875 viviendas ocupadas ilegalmente –gran parte en el área metropolitana–. Muy por debajo, en segunda posición, se encontraba la Comunidad de Madrid con 1.406 ocupaciones ilegales de inmuebles. El volumen absoluto a nivel nacional fue de 15.404 viviendas, según datos del Ministerio del Interior.

“Aunque en 2022 se ha dado, por primera vez desde 2017, un descenso en el número de ocupaciones ilegales tanto a nivel nacional como en Cataluña, este territorio y especialmente Barcelona siguen manteniéndose como epicentro de las denuncias por esta problemática en España, al menos desde 2015”, asegura el portavoz del Instituto Coordenadas.

Ese año, el volumen de demandas por este delito en Cataluña ascendió a 3.950, mientras que en los años siguientes casi siempre fueron aumentando progresivamente: 4.119 denuncias en 2016, 4.123 en 2017, 5.116 en 2018, 6.688 en 2019, 6.647 en 2020, 7.345 en 2021 y 7.005 en 2022. Las estadísticas del Ministerio del Interior incluyen tanto los casos de usurpación (cuando se accede a un inmueble vacío o sin uso) como los de allanamiento (viviendas habitadas), sin distinción.

Normativa en materia de ocupación

Precisamente, en Cataluña se han impulsado normativas que incluían cierta protección a la ocupación. En el mes de febrero de 2022, el Parlament aprobó la conocida como ley catalana antidesahucios (Ley 1/2022) –actualmente recurrida en el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno central–, que incorporaba la obligación de los grandes propietarios de ofrecer un alquiler a precios por debajo de mercado a ‘okupas’ sin título habilitante sobre el inmueble.

Este tipo de iniciativas legislativas pueden llegar a favorecer la actividad delincuencial que tanto afecta a Cataluña, por lo que en el contexto actual y apenas un año después, el propio parlamento ha impulsado medidas en el sentido contrario al de esta normativa. Así, recientemente ha salido adelante una proposición de ley que permitirá a los ayuntamientos catalanes instar el desalojo de inmuebles ilegalmente ocupados cuando generen alteraciones en la convivencia vecinal, y siempre y cuando pertenezcan a grandes tenedores de vivienda que no hayan emprendido las correspondientes medidas para el desalojo del activo.

Los altos niveles de ocupación ilegal de vivienda en Cataluña han llevado a algunos abogados a alertar sobre la aparición de nuevos modelos y perfiles de ‘okupa’ en esta autonomía. Según explican, son personas que no se encuentran en situación de vulnerabilidad y que disponen de ingresos estables, pero deciden no aceptar la finalización de sus contratos de alquiler o nuevas condiciones y permanecen en los inmuebles.

“Tal y como se ha visto recientemente, casos como el de Casa Orsola en la ciudad de Barcelona, donde varios inquilinos no vulnerables han rechazado el fin de sus contratos de arrendamiento y permanecen en las viviendas, demuestran que los altos niveles de ocupación ilegal en la capital catalana han dado pie a que personas no necesitadas aprovechen este contexto”, ha subrayado Jesús Sánchez Lambás.

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