La Junta de Paz de Trump: ¿Una amenaza para la ONU?

La llamada “Junta de Paz”, creada por iniciativa del presidente estadounidense Donald Trump para resolver conflictos mundiales, comenzando por el de Gaza, hizo público el listado de los 26 países miembros fundadores. A primera vista, muchos países de Oriente Medio y Asia se sumaron al grupo creado por EEUU, no así los europeos y las grandes potencias.

La Casa Blanca indicó que al menos 35 jefes de Estado y de gobierno han aceptado formar parte de un organismo que, como primera misión, busca supervisar la aplicación del plan de 20 puntos de Trump con el objetivo declarado de poner fin a la guerra entre Israel y Hamás, considerado terrorista por varios países.

El mayor número de países corresponde a la región de Oriente Medio y Asia occidental: Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Jordania, Kuwait, Catar, Arabia Saudí, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Pakistán. En segundo lugar, figuran los de Asia central y el sudeste asiático: Kazajistán, Uzbekistán y Mongolia, y Camboya, Indonesia y Vietnam; seguidos por cinco europeos: Albania, Bielorrusia, Bulgaria, Hungría y Kosovo. De Latinoamérica se han sumado Argentina, El Salvador y Paraguay; y del norte de África, Egipto y Marruecos.

¿Qué es exactamente la Junta de Paz?

De acuerdo con su carta fundacional, la Junta de Paz aspira a “promover la estabilidad, restaurar un gobierno confiable y legítimo y asegurar una paz duradera en zonas afectadas o amenazadas por conflictos”.

Trump figura como presidente, la máxima autoridad, con amplios poderes ejecutivos sobre la organización, incluida la selección de miembros y la adopción de decisiones sin consultar a la junta en su conjunto.

El organismo pretende afianzarse logrando un primer éxito en el conflicto israelí-palestino y la reconstrucción de Gaza, pero su carta amplía su mandato a otros conflictos globales. En efecto, según las fuentes oficiales y declaraciones de Trump, sus objetivos se asocian con la gestión del “día después” en Gaza, es decir, de la ayuda humanitaria, la reconstrucción y la transición política. No obstante, también pretende prevenir y resolver otros conflictos internacionales mediante el ejercicio de una diplomacia directa fuera de los mecanismos tradicionales y  promover la estabilidad regional y mundial ofreciendo una alternativa al sistema de Naciones Unidas, que Trump considera “ineficiente”.

Casi todos países europeos se han mostrado reticentes a unirse  al considerar que la Junta tiene como propósito debilitar a la ONU. Precisamente, Trump ha ordenado la retirada de EEUU de la membresía de un número cada vez más significativo de organizaciones del entorno onusino, desde la UNESCO a la OMS, entre muchas otras.

Además, ha sido objeto de controversia la adquisición de la condición de miembro. Es Trump quien invita directamente a quien él mismo considera y, según algunos documentos filtrados, implicaría pagos muy elevados (por ejemplo, 1.000 millones de dólares por un asiento permanente). Esto ha generado la percepción de que es más un “club de Estados” bajo control político y financiero de Washington que un organismo multilateral tradicional.

Analistas y diplomáticos han señalado varios problemas adicionales. Por ejemplo, que la organización concentra mucho poder personal en Trump, o que esos  mecanismos de membresía y pagos podrían crear un sistema “pay-to-play” de políticas internacionales. Pero lo que más preocupa es que  podría debilitar la credibilidad y efectividad de la ONU y otras instituciones multilaterales.

Un ambicioso propósito geopolítico

La Junta de Paz de Trump es a la vez un proyecto de política exterior de Estados Unidos y una propuesta institucional alternativa para manejar conflictos globales. Ciertamente, busca consolidar el liderazgo estadounidense en mediación y reconstrucción post-conflicto, a través de un mecanismo propio, con Trump como figura central. Su éxito, relevancia y legitimidad dependen de la aceptación internacional y de si logra desempeñar un papel efectivo sin socavar al sistema multilateral existente.

¿Es una respuesta a la Organización Internacional de Mediación promovida por China? Pudiera ser. Esta entidad es un nuevo organismo intergubernamental fundado por China, junto con más de 30 países, el 30 de mayo de 2025, con sede en Hong Kong. Se trata de la primera organización internacional dedicada exclusivamente a la mediación de disputas internacionales. Además de centrarse en la mediación, su vocación es fortalecer el multilateralismo, aumentando la voz del Sur Global en la gobernanza global y promoviendo el estado de derecho internacional apelando a la centralidad de una ONU que sigue reivindicando.

Este último es un matiz importante porque la Junta de Paz aspira a competir e incluso sustituir a la ONU. Esto no es teoría. Trump ha criticado repetidamente a Naciones Unidas, señalándola como incapaz de resolver conflictos globales, y ha sugerido que su junta podría “reemplazarla” o trabajar de forma paralela con más eficacia.  Esto es geopolíticamente significativo porque plantea un desafío directo al sistema multilateral tradicional basado en la ONU, el Derecho Internacional y principios de igualdad soberana entre Estados.

Por otra parte, la Junta de Paz plantea una nueva forma de intervención y liderazgo global. La organización no es un organismo tradicional de la diplomacia multilateral. En esencia, concentraría poderes en su presidente (Trump) y podría actuar en zonas de conflicto sin depender del Consejo de Seguridad de la ONU. La financiación y la membresía podrían convertirse en herramientas de influencia política y económica para Washington y para los aliados convocados.

En tercer lugar, traza alianzas geopolíticas y alineamientos reflejado una clara división geopolítica: por un lado, Estados que apoyan o responden afirmativamente a la iniciativa estadounidense; por otro, países que prefieren el multilateralismo tradicional o tienen reservas sobre las intenciones de Trump.

Si la Junta de Paz llegara a operar más allá de Gaza -por ejemplo, en conflictos como Ucrania o en tensiones asiáticas- esto podría no solo reconfigurar alianzas internacionales sino también debilitar mecanismos existentes de solución de conflictos (por ejemplo, la ONU o iniciativas de la OSCE) e incrementar la competencia entre grandes potencias para definir qué modelos institucionales prevalecen.

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