Pensiones: los impuestos aguantan lo que les echen

Las cotizaciones sociales, desde hace meses, han dejado de ser suficientes para pagar las pensiones y no parece que el problema se corrija con la recuperación del ciclo económico. Ante un problema de estas dimensiones, las alternativas que se han manejado por los partidos políticos van desde costear las prestaciones de viudedad y orfandad con los impuestos actuales, crear algún tipo de impuesto finalista destinado exclusivamente a la financiación de la Seguridad Social o fiarlo todo al futuro crecimiento de la economía, como ha manifestado recientemente el presidente del gobierno. En cualquier caso, el debate sobre cómo aumentar los ingresos de la Seguridad Social parece que se va a bordar sin remisión durante la próxima campaña electoral y que los impuestos van a ser los protagonistas.

En 2014, el déficit de las Administraciones Públicas (AAPP) fue el 5,7% del PIB, que cumplía con el objetivo pactado con Bruselas, si bien se dieron apreciables desviaciones en el déficit de la Seguridad Social y de las Comunidades Autónomas CCAA, que fueron compensadas por los mejores resultados del Estado y los Ayuntamientos.

Durante 2015, en que el objetivo de déficit de las AAPP era del 4,2% del PIB, se ha repetido la misma situación por niveles de la administración pública; esto es, la Administración Central y las Corporaciones Municipales llevan una ejecución presupuestaria que mejora sus objetivos individuales, mientras la Seguridad Social y las CCAA se han desviando sensiblemente al alza.

Aunque la campaña electoral no ha empezado, ya han comenzado a mover ficha y el PSOE ya ha filtrado que si gana las elecciones creará una tasa específica para sufragar las pensiones, anunciando que no bajará los impuestos, no tocará el IRPF y subirá los de patrimonio, sociedades, fortunas y medioambientales.

Por su parte, Podemos –IU ha avanzado una propuesta extraña, consistente en la eliminación de los beneficios fiscales para la previsión complementaria individual, como en el caso de los planes de pensiones privados, lo que revela “la empanada” de estos partidos ya que cerca de diez millones de personas realizan aportaciones anualmente a los planes de pensiones, con una contribución media por año de 1.400 euros.

Tras un largo periodo de superávits en las cuentas de la Seguridad Social (2000-2009), 2014 registró un déficit del 1,1% del PIB.

Para 2015, el objetivo era reducirlo al 0,7% del PIB, pero se ha colocado en el 1,3% y puede que cierre 2016 con el 1,6%.
El déficit de la Seguridad Social desde 2010 está provocado por el descenso del empleo derivado de la crisis económica (que redujo las cotizaciones sociales), a la vez que el crecimiento de los gastos mantenía una inercia alcista resultado de las tendencias demográficas. También, la revalorización de las pensiones y el hecho de que las nuevas tienden a ser más elevadas que las que se dan de baja en el sistema, contribuyen a ello.

Este asunto fue abordado en 2012, con una reforma de las pensiones que alarga progresivamente la edad de jubilación, introduce una nueva fórmula de revalorización de las pensiones y un factor de sostenibilidad en el cálculo de las nuevas, aunque estas medidas tienen una aplicación progresiva y su efecto se notará a medio plazo.

A corto, los desfases de la Seguridad Social se han estado financiando parcialmente con el Fondo de Reserva que se creó durante los años de superávit, hasta el punto de que desde 2012 se han utilizado más de 45.000 millones, quedando en el fondo algo más de 35.000 millones. Obviamente, ésta es sólo una solución temporal.

De momento, pese a la recuperación económica, la desviación en el déficit de la Seguridad Social no se ha corregido. En 2015, las cotizaciones sociales han subido un 0,8% interanual, por debajo del crecimiento en el número de afiliados (3,4%) y del gasto en pensiones (3,5% para el total de éstas, 4% en el caso de las de jubilación).

Esta decepcionante realidad responde básicamente a dos factores de difícil solución.

El primero, está relacionado con el coste de las políticas de fomento del empleo que recae de forma creciente en la Seguridad Social, al haberse optado por reducciones directas de cotizaciones, sin compensación a la Seguridad Social (en 2015 dejará de ingresar 1.615 millones y en 2016, 2.100).

El segundo factor tiene que ver con el tipo de empleo creado que está dando lugar a un aumento de las bases medias de cotización inferior al crecimiento en el número de afiliados, lo que refleja la existencia de menores salarios en las nuevas contrataciones.

Cerrar el déficit generado en los últimos años requeriría un crecimiento de las cotizaciones sociales superior al de los gastos. Para cumplir con lo presupuestado en 2015, su incremento debería ser del 10%, aunque en el proyecto de presupuestos de 2016 el gobierno ha supuesto un incremento de las cotizaciones sociales del 6,7%, sobre un cierre de 2015 que parece optimista.