Coalición a la portuguesa: la realidad puede acabar derrotando a la ideología
Análisis, 28 de enero de 2016
Si la hoja de ruta siguiera su actual curso y no se torciera, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, vería cumplido su sueño, anunciado en su visita al primer ministro portugués, António Costa, de forjar una “gran coalición” de partidos “progresistas”, en los que incluía fuerzas “tanto de izquierdas como de derechas” para formar el gobierno. Rápidamente, los medios bautizaron la propuesta como “Coalición a la portuguesa”.
El 26 de noviembre Costa fue investido como primer ministro de Portugal con el apoyo de una coalición de izquierda formada por su propio partido (el Partido Socialista, PS), el Bloco de Esquerda (BE) y el CDU (unión del partido comunista y los verdes). El discurso de Costa era de cambio y ruptura con las políticas del gobierno anterior de Passos Coelho (de la coalición de centro-derecha), centrándose en una mayor política social y antiausteridad, pero manteniendo los compromisos internacionales con la Troika y la Comisión Europea y posicionándose claramente a favor de la permanencia en el euro.
Desde entonces a hoy, el nuevo gobierno ha aprobado varias medidas como descongelar de las pensiones, nunca bajarlas aunque lo haga la inflación; subir el salario mínimo de 505 euros a 530 con el objetivo de llegar a 600 en 2019; reducir la tasa extraordinaria del 3,5 % del IRPF, establecida en 2013, para familias con ingresos inferiores a 80.000 euros al año, y aumentar determinados subsidios para los jubilados más pobres y las familias monoparentales. El coste de estas medidas asciende a 173 millones, lo que equivale aproximadamente al 0,1% de PIB.
En otro paquete de medidas del nuevo gobierno portugués, hay que reseñar la recuperación de cuatro festivos, eliminados en 2013 por la Troika; la implantación de las 35 horas laborables semanales para funcionarios; la prohibición de que los bancos cobren comisiones por el mantenimiento de la primera cuenta corriente, en un sector para el que, para muchas entidades, el cobro total del conjunto de comisiones supone hasta la mitad de los beneficios; la prohibición de la pignoración de la vivienda familiar para deudas fiscales o con la Seguridad Social; y la anulación de las concesiones para los servicios de autobuses y metros de Lisboa y Oporto, que fueron otorgadas el año pasado a compañías españolas y francesas y que conjuntamente tienen más de 4.000 millones de euros de pérdidas.
Costa también ha prometido terminar con los recortes a los funcionarios en 2016, recuperando el poder adquisitivo de sus salarios a un ritmo trimestral del 25% y bajar el IVA a la restauración del 23% al 13%.
La estabilidad de la coalición de gobierno se puso a prueba en diciembre, durante la crisis del banco Banif, que necesitó de la aprobación de un presupuesto rectificado para 2015 para financiar la operación. El gobierno no contó con el apoyo de sus socios (BE y CDU) pero terminó sacando adelante la medida gracias a la abstención del PSD (centro-derecha). El nuevo presupuesto supone un aumento de un punto porcentual del déficit sobre el objetivo fijado del 3%, pero al ser una medida excepcional, la Comisión Europea no lo contará dentro del objetivo de déficit.
Además de Banif, otro asunto que podría cruzar las líneas rojas de los socios de Costa es la aerolínea TAP. En noviembre, el anterior gobierno, en funciones en aquel momento, vendió el 61% de la compañía al consorcio Atlantic Gateway. Los compradores se comprometieron a hacer inversiones en la aerolínea, que tiene una deuda bancaria de 646,7 millones de euros, por un valor de 150 millones, más otros 119 millones antes de junio de 2016. El acuerdo firmado establecía también que si Atlantic Gateway no cumplía con dichos requisitos, el Estado compraría de nuevo la compañía y saldaría sus deudas. Tanto el BE como el CDU piden la paralización del proceso de privatización, mientras que Costa quiere recuperar el control estatal del 51% de TAP, ya que teme que la renacionalización total dañaría la imagen de Portugal a nivel internacional y perjudicaría futuras inversiones extranjeras en el país. Las negociaciones con los nuevos dueños de la aerolínea, al día de hoy, no están encauzadas.
A diferencia de España, falta todavía por conocerse el presupuesto para 2016, pero Costa ha asegurado que el déficit se situará en el 2,8% del PIB, lo que permitiría a Portugal salir de la vigilancia europea (el Protocolo de Déficit Excesivo). Dado el coste de las medidas ya adoptadas y los previsibles gastos por dar marcha atrás en varias privatizaciones, aparte de los compromisos con la Troika, es necesario aumentar la recaudación. La única medida propuesta hasta ahora por Costa en este sentido es el impuesto de sucesiones para herencias significativas (probablemente por encima del millón de euros), con la cual espera recaudar 100 millones de euros.
A finales de enero, la Troika volverá a Portugal como parte de sus evaluaciones bianuales del programa de ajuste y podrá comprobar si se siguen aplicando las reformas necesarias para el pago de los intereses generados por el rescate de 2011 de 78.000 millones de euros. Las visitas de la Troika no cesarán hasta que Portugal devuelva el 75% del rescate del país.
En el horizonte próximo está la venta de Novo Banco, donde el Estado podría llegar a perder una cantidad significativa, y no es descartable que surjan problemas con otras entidades. En el poco tiempo que lleva Costa en el cargo le está tocando resolver muchos problemas que quedaron pendientes, y no se sabe si podrá hacerlo sin perder el apoyo de sus socios. Como ha afirmado el Presidente de Portugal, Cavaco Silva, “la realidad puede acabar derrotando a la ideología”.
Ante este clima que puede generar cierta inestabilidad, se está apreciando un aumento de los CDS (credit default swap) y de la deuda soberana en torno a los 20 pb, lo que supondría a las entidades bancarias un aumento de sus costes de financiación.
