El doble desafío demográfico que los gobiernos deben enfrentar
Análisis, 23 de marzo de 2026
El envejecimiento y la disminución de la población son fenómenos cada vez más frecuentes en numerosos países, planteando un doble desafío demográfico que los gobiernos deben enfrentar. Esta realidad tiene profundas implicaciones en diversos ámbitos, ya nos refiramos a lo económico, social o político. Los Estados se ven obligados a gestionar el impacto de sostener a una población jubilada creciente y longeva con una fuerza laboral en reducción, lo que afecta directamente a los sistemas de pensiones, la sanidad y las redes de asistencia social.
A nivel global, el panorama es claro. Según datos inventariados por Joseph Chamie, demógrafo y consultor, exdirector de la División de Población de las Naciones Unidas y autor de numerosas publicaciones sobre temas de población, en 2024, de una población mundial de 8.200 millones de personas, aproximadamente el 28% reside en unos 63 países y territorios cuya población ya ha alcanzado su punto máximo y ha comenzado a decrecer. Se estima que en otros 48 países (que albergan al 10% de la población mundial) el pico demográfico llegará en los próximos cincuenta años. En contraste, se espera que los 126 países restantes, que representan el 62% de la población, continúen creciendo al menos hasta 2055.
Paralelamente al decrecimiento, muchos países atraviesan un cambio histórico en su estructura etaria. Este hito se produce cuando el porcentaje de personas de 65 años o más supera al de 17 años o menos. Italia fue el primero en experimentar este "retroceso histórico" en 1995. Le siguieron Bulgaria, Alemania, Grecia, Japón, Portugal y España a principios de la década de 2000. Se calcula que para 2025, 55 países y territorios habrán alcanzado esta condición. El caso de Italia y Japón es particularmente acusado, pues el porcentaje de mayores de 65 años duplica aproximadamente al de menores de 18.
Las fuerzas demográficas que impulsan estas tendencias son principalmente tres: tasas de fecundidad por debajo del nivel de reemplazo, el aumento de la longevidad y la limitación de la inmigración. Actualmente, más de la mitad de los países tienen una tasa de fecundidad inferior a 2,1 nacimientos por mujer, el umbral necesario para mantener la población. Ejemplos notables en 2024 son Corea del Sur (0,73), China (1,01), Italia (1,21), Japón (1,22), España (1,24), Alemania (1,45) o Estados Unidos (1,62). Al mismo tiempo, la esperanza de vida global ha aumentado drásticamente, de 46 años en 1950 a 74 en 2025. En 50 países, se espera que la inmigración pueda compensar parcialmente la futura disminución de población.
Respuestas gubernamentales diversas
Ante esta realidad, las respuestas gubernamentales varían. Una postura aboga por reconocer las nuevas realidades demográficas y adaptar las políticas en consecuencia. Sin embargo, muchos gobiernos se resisten y buscan estrategias para contrarrestar estas tendencias. Unos 55 países han implementado políticas e incentivos para aumentar la fertilidad, aunque los expertos dudan de su eficacia a corto plazo dadas las complejas dinámicas sociales y económicas actuales.
Las medidas adoptadas son diversas e incluyen el aumento de impuestos, la elevación de la edad de jubilación, el fomento de la productividad y la participación femenina en el mercado laboral, la promoción de la igualdad de género, la dependencia de la inmigración o, en casos extremos, la autorización del suicidio médicamente asistido. Un punto central del debate es la sostenibilidad financiera de las pensiones y la atención sanitaria. Algunos funcionarios argumentan que el gasto en las personas mayores, con una base de trabajadores en declive, es económicamente insostenible y desaconseja la inversión. Proponen, en cambio, retrasar la edad de jubilación y fomentar que los adultos mayores sigan trabajando o sean cuidados por sus familias, en lugar de depender de programas gubernamentales.
La opinión pública es escéptica
Esta visión contrasta con el sentir de la opinión pública. Una encuesta realizada en seis países europeos (Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia y España) y Estados Unidos reveló que, aunque la mayoría de la población es consciente de las dificultades financieras futuras de las pensiones públicas, también considera que las cuantías son insuficientes. Además, la mayoría se opone a reformas como retrasar la jubilación o recortar los servicios para mayores, y alberga serias dudas sobre poder vivir cómodamente durante su jubilación.
En resumidas cuentas, el envejecimiento y la disminución de la población se perfilan como dos de las tendencias demográficas más significativas del siglo XXI. Presentan desafíos enormes y generalizados. Más que intentar revertir el curso demográfico hacia modelos del pasado, la clave para los gobiernos reside en reconocer estas tendencias y adaptar proactivamente sus políticas para abordar los múltiples retos que de ellas se derivan.
Ante el complejo desafío que plantean el envejecimiento y la disminución poblacional, emerge como una necesidad imperiosa la creación de espacios de diálogo estructurado que involucren a todos los actores sociales. No se trata únicamente de una cuestión estadística o económica, sino de una profunda transformación del pacto social que requiere el concurso de gobiernos, instituciones, sector privado, organizaciones civiles y, fundamentalmente, de los propios ciudadanos de todas las generaciones. Trazar una hoja de ruta consensuada resulta indispensable para equilibrar la sostenibilidad fiscal de los sistemas de pensiones y salud con la dignidad y el bienestar de las personas mayores, al tiempo que se garantizan oportunidades y expectativas realistas para los jóvenes. Un diálogo sincero permitiría conciliar posturas a menudo enfrentadas, como la necesidad de alargar la vida laboral y el deseo de un descanso digno, o la inversión en cuidados y el fomento de la autonomía personal. Solo a través de la escucha activa, la negociación y el compromiso mutuo podrán las sociedades diseñar estrategias justas, viables y percibidas como legítimas, capaces de afrontar este cambio de época sin fracturar el tejido social ni hipotecar el futuro de las próximas generaciones.
SOBRE EL INSTITUTO COORDENADAS DE GOBERNANZA Y ECONOMIA APLICADA
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