Olimpiadas de Rio: Brasil no quiere ser Grecia
Artículos, 18 de julio de 2016
El 5 de agosto, tres meses después de que Temer asumiera la presidencia interina de Brasil, tras la decisión del Senado de avanzar en el proceso de juicio político contra Roussef que implicó su cese temporal en el cargo, se inaugurarán los XXXI Juegos Olímpicos que se celebrarán en Río de Janeiro con la incertidumbre del efecto que tendrá el acontecimiento sobre la economía brasileña, resultando difícil olvidar el caso de Atenas y la influencia que tuvo en la grave crisis de la economía griega y cuya repetición, el actual presidente trata de evitar por todos los medios.
Pese a la interinidad, Temer asumió con plenos poderes la presidencia y formó un gobierno enfocado a cambiar de rumbo la economía, es decir, a corregir sus desequilibrios y promover su recuperación mediante la liberalización de la economía, la reducción del peso del Estado y la recuperación de la credibilidad en la gestión política, siendo sus desafíos más inmediatos el reequilibrio de las cuentas fiscales, la moderación de la inflación y el impulsar una mejora de la confianza de las familias, las empresas y los inversores.
El primer paso consistió en realizar un buen diagnóstico de la situación fiscal, que le llevó a modificar el objetivo fiscal para 2016 para adecuarlo a la realidad. Para ello, fue preciso reconocer, en primer lugar, la magnitud de la recesión económica y su impacto en los ingresos fiscales y, en segundo lugar, no incluir propuestas de ajuste fiscal que estén siendo estudiadas o en proceso de discusión, pero todavía sin aprobar.
El segundo, la aprobación por la Cámara Baja de la extensión de la DRU (siglas en portugués de Desvinculación de Ingresos de la Unión), liberando el 30% de los ingresos afectados (antes era del 20%). La DRU es un mecanismo que reduce la rigidez fiscal, al desvincular una parte de los ingresos asignados por ley a cubrir gastos obligatorios, aunque tiene dos principales inconvenientes: tan sólo desvincula un porcentaje de los ingresos y debe ser aprobada todos los años en el Congreso.
El tercer paso va destinado a vencer definitivamente los inconvenientes de la DRU y en ese sentido va dirigida la acción del gobierno que, de aprobarse, será decisiva para logra una disciplina fiscal sostenida y creíble. La medida establece que, anualmente y durante los próximos veinte años, el crecimiento de todos los gastos del gobierno federal no supere a la inflación del año anterior. La medida podría flexibilizarse dentro de diez años, si la ratio de la deuda pública se encontrara en una senda descendente.
En los últimos años, el aumento de los gastos ha sido muy superior a la inflación, lo que ha provocado un importante alza de la deuda pública: el gasto público aumentó en 2013-15 un 37% acumulado, superando en 20 puntos la inflación acumulada en el período y elevando la ratio de deuda pública (al 66,5% del PIB al final del 2015 vs 53,7% de 2012).
El siguiente desafío estructural será impulsar una reforma del sistema de pensiones, que ya está en proceso de estudio. Los principales puntos a incluir son un aumento en la edad de jubilación y un mecanismo menos generoso para la revisión anual de las pensiones (hasta ahora vinculados a la subida del salario mínimo).
Sobre la moderación de la inflación, el paso más importante ha consistido en restaurar el papel del banco central como garante de la estabilidad de precios y dotarle de autonomía en la formulación de la política monetaria.
Tras cerrar en el 10,7% en 2015, la inflación se ha moderado en los primeros meses de 2016, en un entorno recesivo y de apreciación del real y tras haber concluido el ajuste al alza de tarifas el año previo. Las expectativas de inflación empiezan a mostrar en las últimas semanas una contención, ligera para 2017-18 pero más relevante para 2019, año en que convergen plenamente al objetivo central del 4,5%. Una política fiscal restrictiva también ayudará a la contención de la inflación y lo hará de forma estable.
