El Supremo avala el “latrocinio” de la modificación de las ayudas a las renovables
Responsabilidad penal-económico, 10 de junio de 2016
Tal y como estaba cantado, el Tribunal Supremo ha certificado el reguero de ruinas y quiebras que supusieron los recortes en la retribución de las energías renovables aprobados en 2014 y que fueron recurridos por cientos de empresas y organizaciones afectadas, al avalar en tres sentencias publicadas la pasada semana los severos recortes impuestos por el gobierno Rajoy, obligado por el estado comatoso en materia de deuda que dejó el anterior ejecutivo, responsable de la política de primas a las energías renovables.
Estas tres primeras sentencias marcarán el rumbo que el alto tribunal mantendrá en sus respuestas a más de 300 recursos presentados contra el real decreto de 6 de junio de 2014, que regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables y la orden ministerial con los parámetros que retribuyen la inversión.
El Gobierno aprobó en 2013 una reforma energética destinada a atajar el déficit de tarifa que, entre otras medidas, incluía un drástico recorte de las primas por un total de 1.700 millones de euros, lo que supuso la quiebra de las pequeñas explotaciones que proliferaron dadas las extraordinarias rentabilidades que originalmente se comprometieron.
La normativa del dimitido ministro Soria supuso dejar de retribuir a las tecnologías renovables y a la cogeneración mediante el sistema de primas, para pasar a regirse por un sistema de incentivos a la inversión con una rentabilidad determinada como “razonable” y fijada a dedo para toda la vida útil de cada instalación y se aplicó con carácter retroactivo desde 2013
De esta manera, dejaron de retribuirse a la producción. Para calcular esa retribución razonable, se aplican miles de parámetros de inversión que no se publicaron hasta 2014, aunque se aplicaron con carácter retroactivo, en que se aprobó el real decreto ley de la reforma energética. Los productores renovables recurrieron estos cambios al considerarlos, por un lado, retroactivos, y por otro, insuficientes para retribuir a las energías del antiguo régimen especial.
La modificación de la norma, calificada de “latrocinio” por muchos de los inversores, nacionales e internacionales, ha tenido la virtualidad de hacer desaparecer el déficit de tarifa, ya que el sistema cerró con un superávit de 500 millones de euros en 2014, estimándose que en 2015 el superávit superará los 800 millones, si bien la deuda por dicho déficit totaliza en la actualidad los 23.067 millones.
