El silencio del empresariado catalán
Análisis, 23 de julio de 2015
La decisión de la alcaldesa de Barcelona, Colau, de imponer una moratoria en la concesión de licencias hoteleras que puede suponer paralizar la construcción de 48 hoteles y un serio frenazo a la economía barcelonesa, no ha merecido respuesta orgánica alguna por parte la numerosa estructura empresarial catalana, lo que contrasta con la pública y rotunda oposición, por parte de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) y la Cámara de Comercio de la capital, contra de una “inexistente” tasa que el Ayuntamiento de la capital había esbozado imponer al sector turístico, aunque lo hiciera, al parecer, como base de debate.
El mutismo empresarial catalán, solo roto por excepciones particulares, no ha pasado desapercibido, aunque tampoco ha sorprendido a casi nadie, ya que los silencios del colectivo empresarial catalán sobre temas “espinosos” suelen ser especialmente apreciables. Solo así cabe interpretar la no involucración de organizaciones como el Gremio de Hoteles de Barcelona, el Círculo de Economía, el Círculo Ecuestre, Fomento del Trabajo o La Cambra, todas ellas con muchos años de trayectoria en defensa de los intereses empresariales catalanes, aunque por la situación política por la que atraviesa Cataluña han preferido no entrar en posicionamientos “por la cuenta que les tiene”, tal y como afirma un analista y observador de la realidad catalana.
Solo la Generalitat, por razones obvias, y el presidente de de Turisme de Barcelona, Joan Gaspart, se han manifestado públicamente. El gobierno catalán en contra de la medida. El segundo, haciendo una valoración positiva de la decisión por entender que la moratoria garantiza un debate sereno sobre el modelo turístico. Hoteles Husa, propiedad de Gaspart, se encuentra en situación concursal desde febrero de 2014.
El Gremio de Hoteles de Barcelona, por su parte, se ha limitado a respirar por la herida y depositar su esperanza de que la moratoria sirva para hacer frente “con firmeza” a los establecimientos que operan de forma ilegal.
En Madrid, el “no anuncio” de imponer una tasa al sector turístico, disparaba todas las alarmas, no en vano la capital está inmersa en un relanzamiento de su imagen como destino turístico y una medida como esta puede cercenar todos los objetivos buscados.
Y quien mejor para defender los intereses turísticos de Madrid que el presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio de la capital y de CEIM, Gatell, tarraconense de nacimiento, quien se oponía a la posible medida de imponer una tasa al sector al señalar que “implantar una medida así significaría cruzar unas líneas rojas que van contra el interés social, ya que el turismo supone más del 7% del PIB de la región e implica 300.000 empleos, por lo que supondría ir en contra de la propia sociedad. Ahora que Madrid está en la senda de la recuperación turística, no podemos permitir una medida así y penalizar al viajero, ya que puede suponer una barrera psicológica para visitar la capital y, por tanto, frenar la llegada de turistas nacionales e internacionales”. Gatell, dixit.
¿Cautela, prudencia, temor, miedo, o simplemente complicidad por parte del empresariado catalán? Puede que ninguna de esas preocupaciones o puede que todas a la vez, pero los empresarios catalanes no parecen estar dispuestos a significarse públicamente y con firmeza ni por “el procés” ni por casi nada que pueda afectar a sus intereses. Así están las cosas.