Canon digital: lo que mal empieza mal acaba
Artículos, 17 de junio de 2016
Mientras un juez procesaba al ex presidente de la Sociedad General de Autores (SGAE) Teddy Bautista, al cantante canario «Caco» Senante y a otros dos ex directivos de la SGAE por el supuesto desvío de 50.354 euros, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminaba que el canon digital, que desde 2012 compensa sobradamente a los autores con dinero público es, del todo punto, ilegal, lo que supone que se viene abajo una estructura corrupta creada y potenciada tanto por el PSOE como por el PP y las entidades de gestión encabezadas por Teddy Bautista por parte de la SGAE y Enrique Cerezo por EGEDA.
En el primero de los casos, el proceso contra los directivos de la SGAE es una pieza separada de las diligencias abiertas contra la entidad privada dedicada a la gestión de los derechos de autor de sus socios, entre los que se cuentan toda clase de artistas y empresarios del negocio de la cultura, tras la denuncia interpuesta por Anticorrupción en marzo de 2010, cuyo objetivo era y sigue siendo investigar los vínculos de la sociedad con determinadas empresas pertenecientes a personas del entorno de la SGAE y esclarecer supuestos tratos de favor a empresas de directivos y de su entorno familiar y personal, que se habrían estado «lucrando de modo significativo», con servicios contratados por la SGAE.
Por lo que respecta al fallo del tribunal europeo por el que se echa abajo el canon digital, invento de Jose Maria Aznar para intentar acercarse a los del gremio, posteriormente conocidos como “los de la ceja ” que se habían posicionado en contra de la Guerra de Irak, los magistrados concluyen que el sistema choca con la normativa comunitaria, ya que el modelo no garantiza que sean los usuarios de copias privadas quienes soporten la compensación por derechos de autor.
El conocido como canon digital, tiene su origen en 1992, aunque fue adaptado al entorno digital en 2006 y gravaba la compra de soportes como CD o DVD para compensar a los creadores por el supuesto perjuicio que les generaba su utilización para fines privados. Se consideraba así que cualquier adquisición de estos productos pretendía almacenar o difundir –solo de manera privada- contenidos sometidos a derechos de autor. El Gobierno de Mariano Rajoy modificó ese instrumento y sustituyó la compensación, ligada a cada compra privada, por una partida habilitada en los Presupuestos Generales del Estado, destinada a las entidades gestoras de derechos de autor, por un total de cinco millones de euros anuales. ¡Los Presupuestos Generales del Estado son míos!.
Desde siempre, el canon digital mereció el rechazo de las organizaciones de usuarios y consumidores al considerarlo arbitrario, al no llevar el control de qué obras musicales son realmente utilizadas al repartir el dinero entre los autores y propietarios de las obras y que se resumen en la afirmación de la SGAE de que el reparto se realiza de forma proporcional a la «importancia» del autor.
Pese a que desde el primer momento gobiernos y gestoras de los derechos eran conscientes de lo irregular del canon, ya que vulneraba la presunción de inocencia, al presumir que toda persona que adquiere un soporte grabable virgen, lo utilizará para copiar material registrado, nunca han dado su brazo a torcer, hasta ahora que el alto tribunal de la UE obliga al gobierno a buscar otra solución que se ajuste a derecho y no a beneficiar en exclusiva a los “titiriteros”.
