Aprovechando que el volumen de contratación del conjunto de las administraciones públicas se ha situado en poco más de 8.000 millones de euros, frente a un máximo de 48.000 millones en 2007, y como consecuencia de la aplicación de tres directivas europeas, que han forzado la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público, el Ministerio de Fomento ha decidido acotar las bajas temerarias en los concursos de ingeniería hasta el -2,5%.
La anterior legislación existente en España situaba la baja temeraria en el 10 % inferior a la media del resto de las ofertas, lo que ha sido motivo de numerosos escándalos, consecuencia, entre otros motivos, de una gran laxitud por parte de la Administración en los concursos públicos.
Este comportamiento, cuando no connivencia, entre empresas y Administración, ha sido una constante fuente de corrupción, pero también de quebrantos para las empresas, ya que ello hacía que los concursos, que debían tener en cuenta aspectos como la calidad de los proyectos, la experiencia en proyectos similares, y otros temas no monetarios, se convertían en la práctica en exclusivas subastas a la baja, en donde solo primaba la oferta más barata, ya que el precio suele ser baremado con un 75% en este tipo de concursos.
La competencia en precios ha sido un problema recurrente durante la reciente crisis económica, dado que una gran cantidad de empresas pujaban a la baja por un decreciente volumen de contratos y, como denunciaba la que fuera decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Sobrini, con la llegada de la crisis se acentuó la necesidad de adjudicación de muchas empresas que llegaron a presentar unas bajas de hasta del 50%, sin estudiar la obra en profundidad, sabiendo que primaba la oferta económica. “Tanto adjudicador como adjudicatario saben desde el principio que es imposible realizar la obra en el precio contratado, pero confían en “arreglarlo” después a base de modificados”.
En los últimos años y como consecuencia de los recortes presupuestarios, las constructoras han bajado los precios por la falta de proyectos, llegando a dispararse hasta un 40% ante la caída de licitación de obras. Las empresas llegan a ofrecer la mitad del precio al que se licitan los contratos especialmente del Ministerio de Fomento, cuya máxima a lo largo de los últimos años fue la de ahorrar por encima de cualquier otra consideración y cuyo resultado ha sido que en el primer trimestre de 2016, apenas se han adjudicado contratos de construcción de infraestructuras por valor de 297 millones de euros, una caída del 22,4% con respecto a un año antes.
En términos de PIB, el volumen actual es de 0,8%, frente a 4,5% antes de la crisis, o incluso el 3,5% en el año 2001 y más de un analista alberga dudas de que, con la medida del gobierno, se termine con los contubernios existentes entre Administración y las empresas que viven de los Presupuestos Generales del Estado.