El pasado 24 de agosto, Japón comenzó a verter agua residual en el océano de la inutilizada planta nuclear de Fukushima, lo que ha generado una gran preocupación y rechazo a nivel mundial. Japón ha intentado presentar el vertido como un proceso seguro al filtrar y diluir el agua, pero los críticos recuerdan que el agua residual de Fukushima está contaminada con elementos radiactivos debido a su exposición al núcleo dañado del reactor, lo que la hace significativamente más peligrosa que el agua de las plantas de energía nuclear convencionales. La OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica) avala la posición nipona.
Las organizaciones ecologistas, por su parte, de forma prácticamente unánime, consideran que el equipo utilizado por Japón, el Sistema de Procesamiento de Múltiples Elementos Radiactivos (ALPS, siglas en inglés), no elimina por completo los elementos radiactivos y que, de hecho, el 70 % de la actividad de estos elementos en el agua tratada no cumple con los estándares de vertido y requiere un tratamiento adicional. Además, Japón solo ha mencionado los niveles de tritio en el agua, ocultando la presencia de otros elementos radiactivos más dañinos como el estroncio-90 y el yodo-129. Como resultado, grupos ciudadanos y organizaciones en varios países, incluyendo el propio Japón, han emitido declaraciones y llevado a cabo acciones de protesta. Se espera que estas protestas continúen a nivel mundial en los próximos meses en un clima de acrecida sensibilidad global ambiental.
Los críticos apuntan que descargar las aguas residuales al mar no es la única opción disponible para Tokio, sugiriendo que también podrían almacenarse en tanques más grandes consolidando el lodo o las partículas del suelo, aunque hacerlo sería más costoso.
A las protestas en la península nipona se han sumado las llevadas a cabo en Corea del Sur y China, también Taiwán, que, por proximidad, serían los primeros y más directamente afectados. Beijing ha establecido ya una prohibición total de los productos pesqueros japoneses, la medida más radical hasta ahora, generándose una gran preocupación en este sector. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino declaró el 29 de agosto que tiene derecho a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad alimentaria y proteger la salud de sus ciudadanos.
Oficialmente, en Tokio o Seúl o Taipéi se suscribe la opinión de que el vertido de aguas residuales nucleares de Japón es “aceptable” siempre que pase el escrutinio científico y cumpla con los estándares de seguridad. En Beijing no quieren oír hablar del asunto. China ha presentado una protesta ante el Gobierno de Japón por el acoso que ha sufrido su embajada en Tokio a modo de reacción ante la elevación del tono de la denuncia de Beijing. En esta capital, una docena de policías fueron enviados a vigilar la calle frente a la embajada japonesa. El día justo después de que Japón iniciara su proceso de vertido, la embajada japonesa en China emitió una supuesta advertencia de seguridad al advertir a sus nacionales en China “no hablar alto”. Los ánimos se calientan y la actitud de los chinos hacia el turismo o sus cosméticos está derivando en cancelaciones de viajes y caída de las ventas.
¿Por Fukushima o por todo en general?
¿Está China pasando factura a Japón por otros asuntos valiéndose de esta crisis? Lo que diferencia a Beijing de otros países de su entorno es que aquí la posición oficial es claramente beligerante y hostil. Incluso no se ha desperdiciado la ocasión para recordar que el Gobierno japonés tiene la tendencia a no reconocer ninguna violación de las leyes internacionales, tangible en su respuesta unilateral al Incidente del 18 de septiembre que marcó el inicio de la Guerra de Resistencia contra la Agresión Japonesa (1931-1945).