El candidato izquierdista por el movimiento “Perú Libre” se impuso en la segunda vuelta de las elecciones llevadas a cabo en Perú el pasado domingo 6 de junio. Según el recuento de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Pedro Castillo superó a Keiko Fujimori, aspirante de la “Fuerza Popular”, por menos de 50.000 sufragios. La provisionalidad de estos datos pudiera concluir en los próximos días. Un grupo de analistas del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha estudiado la actual situación de confusión y enfrentamiento que este resultado electoral deja en el país andino y desvela los grandes retos a los que se enfrenta el nuevo gobierno surgido de las urnas.

La proclamación oficial de la candidatura ganadora se demora a la vista de las denuncias de “fraude sistémico” y exigencias de una auditoría del escrutinio, que promueve el entorno de K. Fujimori. La mayoría de las reclamaciones afectan a mesas de votación en zonas andinas, rurales y pobres donde Castillo obtuvo una votación abrumadora. Por su parte, el entorno de Castillo acusa al fujimorismo de “no saber perder” y de intentar bloquear con artimañas el pronunciamiento del Jurado Nacional Electoral. Por el momento, ninguno de los recursos interpuestos ha sido validado en primera instancia por los diversos jurados electorales regionales a la vista de la falta de acreditación de pruebas suficientes.

Por su parte, los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) aseguraron en su informe que la votación fue limpia y “sin graves irregularidades”. A la misma conclusión llegaron los delegados de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE).

En las elecciones presidenciales de 2011 se presentaron dos reclamaciones; en 2016, casi una treintena; ahora, afectan a más de 800 mesas. El presidente del organismo electoral peruano, Jorge Salas, advirtió de lo extraordinario de la situación y también del “mal favor” que se hace a la democracia peruana “al hablar de fraudes que no existen”.

El escenario de división y tensión preocupa dentro y fuera del país, resaltan los analistas del Instituto Coordenadas. La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, pidió calma para no alentar una fractura social que derive en enfrentamientos.

Esto es realmente importante porque el proceso podría prolongarse durante semanas y ello alimentaría el nerviosismo y las reservas y desconfianzas de los candidatos respecto al pronunciamiento final. Mientras, la revisión de las actas de las mesas impugnadas sigue su curso, y todos parecen desear que la incertidumbre no se prolongue hasta el 28 de julio, cuando expira el mandato del presidente interino Francisco Sagasti. De superarse esa fecha, el presidente del Congreso entrante podría asumir la presidencia y convocar nuevas elecciones. Ello podría sumir el país en el caos.

Salvo giros inesperados, Castillo parece destinado a asumir la Jefatura del Estado. Para la mitad de los peruanos, su triunfo representa una catástrofe. Otros sectores, sin embargo, confían en la capacidad moderadora del sistema y sus instituciones para reconducir la situación y evitar males mayores.

Durante la campaña, el candidato de Perú Libre dio alas a propuestas de carácter económico que cosecharon un fuerte rechazo de la elite empresarial. Sus ataques a la inversión extranjera, a la industria minera, las concesiones públicas, etc..., se antojaban próximas al ideario nacionalizador de países como Cuba o Venezuela. En el orden político, su propuesta de redactar una nueva Constitución que enfatizara el papel del Estado, también desataba temores.

Sin embargo, en el nuevo Congreso, el partido de Castillo contará con 37 diputados de un total de 130 (la Fuerza Popular de K. Fujimori tendrá 27). La mayoría absoluta es de 66 votos, por lo que cualquier alteración sustancial exigirá fraguar alianzas y consensos que obligarán necesariamente a rebajar expectativas. El Congreso está muy fragmentado pero cuenta con una fuerte presencia de partidos de orientación liberal.

Según los expertos del Instituto Coordenadas, los retos que deberá enfrentar el próximo gobierno son colosales. Los efectos de la pandemia del Covid-19 han sido terribles. El número de muertos supera los 180.000 y Perú registra la mayor tasa de mortalidad en el mundo por este motivo. La pobreza aumentó un 9 por ciento hasta alcanzar a un tercio de la población. El año pasado, 2,3 millones de personas perdieron su empleo.

Diversas fuentes apuntan a que Pedro Francke podría fungir como ministro de Economía en un hipotético gobierno de Castillo, lo cual facilitaría el diálogo y el pacto con el mundo empresarial, gestionando con relativa holgura un delicado margen de maniobra. Todos estarán atentos a los primeros pasos que pueda dar a la hora de fijar el rumbo de la política macroeconómica o a sus designaciones en instituciones clave como la presidencia del Banco Central de Reserva.

Perú es hoy día un país fragmentado casi en partes iguales. Pedro Castillo, maestro rural e indígena, ha ganado por escasos 44 mil y algo votos a Keiko Fujimori que contó con el apoyo de los empresarios, los medios de comunicación, la mayoría del Congreso, la clase alta limeña y de las principales ciudades costeras. El retrato de esta elección refleja el enfrentamiento entre el mundo rural y parte de la costa pero también expresa la cruda evidencia de los efectos político-electorales del agravamiento de las desigualdades. 

Con una experiencia política débil, las limitaciones de Castillo condicionarán el ejercicio del gobierno, especialmente si no busca consensos y apoyo en la clase media. En modo alguno le convendría que esta traspasara la frontera de la intimidación a la hostilidad abierta. Por el contrario, la búsqueda de la concordia se antoja un poderoso talismán para que este nuevo Perú encare sus retos de la mano del diálogo y la negociación. La democracia también es eso.

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