El Instituto Coordenadas y Gobernanza Aplicada urge a crear un marco normativo claro de actuación ante la ocupación ilegal

Los propietarios de vivienda siguen inmersos en la incertidumbre. Con una Ley de Vivienda que parece cada vez más cerca de ser una realidad, el futuro de la regulación para agilizar los desalojos ante ocupaciones ilegales sigue de momento en el aire. Según un análisis realizado por el grupo de trabajo del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, estamos ante “una normativa cuya definición es necesaria para aportar certidumbre a los propietarios y, por tanto, generar un impacto positivo en el sector residencial y de oficinas” señala Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada.

Se trata de un asunto que ha supuesto fricciones políticas, ya que los socios del Gobierno, Unidas Podemos, están totalmente en contra de las principales propuestas: que los jueces puedan ordenar el desalojo en 48 horas y que los jurados populares no se ocupen de los casos de allanamiento de morada. Todo ello, dentro de la Ley de Eficiencia Organizativa de la Justicia, que recoge las modificaciones legislativas destinadas a acelerar los desalojos, en un escenario dramático de inseguridad jurídica, con un marco que nos aleja de los parámetros europeos, donde algunas patologías (acciones policiales otorgando verosimilitud a ocupantes mediante violencia) están generando una crisis sin precedentes.

El Ejecutivo, que buscó apoyos en el PdCat, quien ya presentó el pasado año en el Congreso una iniciativa que buscaba esa expulsión de los ilegales en dos días, mediante modificación del artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, parece que ha cambiado su postura y ahora ha dejado en barbecho esta enmienda en pro de sacar adelante la Ley de Vivienda.

Así, la aprobación de esta enmienda introducida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal tiene un futuro incierto por la ya citada oposición frontal de UP, que, en línea con la vicepresidenta, Yolanda Díaz, consideran la ocupación un fenómeno “limitado y reducido”, en un claro guiño al sector industrializado de la ocupación.

Según la revisión realizada por el Instituto Coordenadas, “los datos existentes son demoledores”. Conforme cifras del Ministerio del Interior, desde 2010 la cantidad de ocupaciones anuales ha repuntado desde más de 2.000 casos a más de 17.300 en 2021, lo que arroja una cifra de casi 50 ocupaciones diarias, hasta un total de unas 100.000 casas asaltadas. Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana forman la Zona Cero de la ocupación ilegal de viviendas en España, siendo la primera la que concentra casi el 50% del total de viviendas ocupadas ilegalmente en España, que se sitúa a la cabeza de esta pandemia en Europa.

El instituto Coordenadas ha identificado como causas principales de este predecible colapso: (i) Una regulación procesal del siglo XIX, una regulación sustantiva que ignora la realidad social y económica, (ii) Ausencia de instrucciones claras por parte del ministerio del Interior y de la Fiscalía General del Estado, donde cada Comisaría es un riesgo para el propietario que puede pasar de víctima a investigado y (iii) Un sistema judicial colapsado con la más baja ratio de jueces por 100.000 habitantes de la UE.

“España es el país más laxo entre las principales economías a la hora de protegerse de los asaltantes de casas vacías, especialmente si nos comparamos con países de nuestro entorno, que cuentan con mecanismos de defensas rápidos ante el asalto”, explica Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del Instituto de Coordenadas, quien recuerda que “urge tener cuanto antes un marco normativo con el que se aporte protección y certidumbre a los propietarios ante situaciones de ocupación ilegal, algo que además tendrá un impacto positivo en el sector residencial”.

Mientras esto sucede, desde el Instituto de Coordenadas recuerdan la importancia de informar de la existencia de un Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante la ocupación ilegal de inmuebles, recogido en la Instrucción 6/2020, de 17/09/2020, de la Secretaría de Estado de Seguridad, que en ocasiones se incumple por los propios efectivos.

En caso de que una casa sufra un allanamiento de morada, lo que incluye primera o segunda residencia, se procederá al desalojo de los intrusos por la policía cuando el delito sea “flagrante”. La Policía lo considerará si el aviso llega de una Central de Alarmas por activación de una señal de intrusión o de un vigilante de seguridad privada. Esto es aplicable también a los casos de usurpación, cuando el inmueble no es morada habitual.

Por tanto, siempre será positivo dotar a las viviendas de sistema de alarma que no solo constituye un elemento disuasorio casi definitivo, sino que “certifica” ante la policía la intrusión. La protección preventiva y la asesoría son elementos indispensables. En todas las áreas de la vida, pero en este más que nunca, dadas las cifras de crecimiento, que hay que revertir con urgencia.

“La solución a este problema pasa por muchos frentes: políticos, solidarios, públicos, privados…”, afirma Jesús Sánchez Lambás, “y, sin duda, todas las facciones implicadas están dispuestas a poner de su parte, pero la solución jamás puede ser favorecer a los delincuentes ni imponer medidas unilaterales a los propietarios” y recuerda que “tras estos episodios generalizados no está solo el derecho de los propietarios: existen redes profesionalizadas, organizaciones criminales y, en contadas ocasiones se aplican los preceptos que regulan esta criminalidad lacerante, que perturba no solo la propiedad, también la convivencia y la paz social”.

SOBRE EL INSTITUTO COORDENADAS DE GOBERNANZA Y ECONOMIA APLICADA

Instituto de pensamiento e investigación de la interacción entre gobernanza y economía aplicada para avanzar en constructivo y en decisivo sobre el trinomio: bienestar social, progreso económico con justicia social y sostenibilidad ambiental; en pleno entorno evolutivo sin precendentes desde finales del Siglo XVIII y principios del XIX con la revolución industrial. Fiel a sus principios fundacionales de independencia, apartidismo y pluralidad, el Instituto lidera proactivamente la fusión entre la esencia y la innovación de la liberalización económica, como mejor modelo de afrontar los retos presentes y futuros de país, de Europa y del mundo.

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