Evergrande dilema quiebra

Evergrande: el dilema de la quiebra

Análisis, 28 de septiembre de 2021

Evergrande, el campeón inmobiliario chino, se encuentra en apuros. Tiene unos 200.000 empleados y genera unos 3,8 millones de empleos indirectos, sus 45 millones de m2 en inmuebles pueblan 22 ciudades chinas. Además de vivienda, también ha invertido en agua mineral, salud, seguros, digital, paneles solares, cría de cerdos y parques de ocio y centros comerciales. Recientemente, a la vista de su fragilidad, intentó vender su filial de coches eléctricos, pero fracasó, y la producción se ha paralizado.

El grupo, fundado por Hui Ka Yan, en su día fue la empresa inmobiliaria más poderosa de China. Creada en 1996, con unas dimensiones sin parangón en el mundo, supone ahora una amenaza directa para la estabilidad socioeconómica del país. Su caso está en las portadas de todos los medios de comunicación del mundo. Su caso está en las portadas de todos los medios de comunicación del mundo y ha sido objeto de un amplio debate por parte de especialistas convocados por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada dado el impacto que la crisis de este gigante va a tener también en buena parte de la economía mundial.

Para entender la preocupación del Gobierno chino, que ha presionado al sector en un intento de regular los precios y dirigir la inversión de la clase media hacia la producción industrial y la innovación, hay que recordar que el 70% del ahorro de los hogares chinos se ha refugiado en el sector inmobiliario. Tanto es así que un colapso del sector enviaría ondas de choque a toda la sociedad y, en particular, a la vasta clase media de propietarios, principal sostén del régimen.

Con sus acciones bajando más del 84% desde octubre de 2020, el grupo está al borde de la quiebra con 300.000 millones de dólares de deuda, de los cuales 52.000 millones vencen este año. Mientras que el pago de dividendos a los accionistas se ha detenido (como en 250 empresas públicas), la sombra de una crisis sistémica se cierne con la participación de 249 bancos e instituciones financieras cuyos giros Evergrande ya no puede atender.

Para ilustrar los riesgos sociales de la quiebra, basta con recordar que la empresa ha vendido 800 proyectos de complejos de apartamentos sobre plano, lo que implica 1,2 millones de propietarios que están a la espera de mudarse a sus nuevas viviendas que quizá nunca se entreguen. Las protestas ya han empezado en Shenzhen.

El caso afecta a una de las grandes vulnerabilidades de la economía china, cuyo PIB depende peligrosamente del sector inmobiliario. La Comisión de Finanzas y Estabilidad Financiera le había reclamado a sus directivos que buscaran urgentemente inversores para estabilizar las finanzas del grupo. Sin embargo, hasta la fecha, no han logrado convencer a ningún inversor, mientras que el pasivo del grupo sigue siendo de 300.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, el gobierno no ha desvelado ningún plan de apoyo público, lo que hace temer que el grupo pueda ser la próxima víctima de la campaña del presidente Xi Jinping para controlar los riesgos y reforzar el control del Estado sobre sectores clave de la economía.

Beijing se enfrenta a un dilema político de carácter existencial. Se trata de la relación entre los negocios y la política, cuyo entrelazamiento está en la raíz misma del sistema, generando corrupción y excesos empresariales, tanto más desenfrenados cuanto que, hasta hace poco, los accidentes eran absorbidos por las finanzas públicas. La decisión es tanto más difícil cuanto que una de las virtudes aclamadas del Presidente es su obsesión por limpiar el funcionamiento institucional y erradicar las malas prácticas financieras.

Los analistas del Instituto Coordenadas señalan que para mantener a raya los riesgos de una reacción sociopolítica en cadena, el gobierno chino puede rescatar a este gigante enfermo con la desafortunada reputación de ser la empresa inmobiliaria más endeudada del planeta, símbolo en China del abuso imprudente del crédito público y que se ha visto muy afectado por la crisis política y crediticia, agravada por la desaceleración económica provocada por la pandemia. Sin embargo, el rescate tendría, según muchos comentaristas, el inconveniente de dar una señal de que la determinación declarada de arreglar las cosas no es tan firme como dice Xi Jinping.

Cualquiera que sea la decisión final, lo cierto es que la política de firmeza se ha aplicado. Solo en el periodo comprendido entre finales de 2020 y el verano de 2021, 25 empresas inmobiliarias o industriales y entidades financieras vinculadas a las autoridades locales quebraron. Entre ellas se encuentran Yongcheng Coal, Huachen Automotive y Tsinghua Unigroup, todas ellas empresas estatales, abandonadas a su suerte.

El gobierno acepta ahora que ya no podrá hacer la vista gorda ante todos los abusos. Sin embargo, es muy consciente de que el fracaso de un conglomerado de este tamaño daría paso a una peligrosa situación. Por el momento, ya ordenó la poda de filiales, entre ellas la de vehículos eléctricos y la de procesamiento de alimentos. Pero las ventas no cubrirían las deudas, sobre todo porque los compradores se muestran cautos y esperan la quiebra del grupo. Las agencias de calificación han rebajado mucho su nota de solvencia.

Las autoridades son conscientes de los riesgos. Comprometidas con la reducción de las desigualdades sociales, que tienden al alza, son conscientes de que el acceso a la vivienda es un punto clave. Se están explorando vías, como un impuesto nacional sobre las propiedades residenciales para enfriar el mercado de la vivienda.

La idea ya se ha probado antes. En 2011, Chongqing y Shanghái experimentaron con un impuesto sobre la propiedad de segundas residencias y/o casas de lujo. Sin embargo, el experimento no se extendió a nivel nacional debido a los obstáculos dentro del propio aparato, donde muchos funcionarios del Partido utilizan bienes inmuebles para ocultar su riqueza.

Pero un mercado inmobiliario sobrecalentado es una gran amenaza para la estabilidad económica y social. El imperativo absoluto es evitar el estallido de la burbuja inmobiliaria, que acabaría con los ahorros de muchos ciudadanos.

Así las cosas, Xi Jinping se enfrenta a un dilema entre la ambición de un mejor reparto de la riqueza y el funcionamiento especulativo de este sector clave de la economía china, herencia lejana de la apertura iniciada por Deng Xiaoping, que ninguno de sus predecesores ha conseguido meter en vereda.

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