El envejecimiento demográfico se ha convertido en una de las características más definitorias -y persistentes- de las sociedades desarrolladas y altamente industrializadas. Lejos de ser una anomalía transitoria, se trata de una tendencia estructural que se reafirma con el paso del tiempo y que acompaña, como una sombra alargada, al propio éxito del modelo de modernización económica y social. Europa, Japón, Corea del Sur o Taiwán, con trayectorias históricas y culturales distintas, convergen hoy en un mismo horizonte demográfico marcado por el aumento sostenido de la población mayor y el adelgazamiento acelerado de las cohortes jóvenes.
Las causas de este fenómeno son ampliamente compartidas y, en buena medida, reflejan conquistas históricas. El aumento de la esperanza de vida -especialmente tras los avances médicos, sanitarios y nutricionales del siglo XX- ha prolongado de forma inédita la duración de la vejez. A ello se suma la caída drástica de la fecundidad, un rasgo común a todas las sociedades que han alcanzado altos niveles de urbanización, educación y participación femenina en el mercado laboral. En Europa occidental, la tasa de fecundidad lleva décadas por debajo del nivel de reemplazo; Japón se enfrenta a esta realidad desde los años noventa; Corea del Sur ha batido récords negativos con tasas cercanas al 0,7; y Taiwán se mueve en parámetros similares, consolidando una de las pirámides demográficas más envejecidas de Asia.
Más allá de los datos, subyacen transformaciones profundas en las formas de vida. El retraso en la emancipación juvenil, la precarización del empleo, la inseguridad residencial y la creciente incompatibilidad entre carrera profesional y crianza configuran un entorno poco propicio para la reproducción social. A ello se añaden cambios culturales de largo alcance: la redefinición de los proyectos vitales, la erosión de la familia tradicional como institución central y una percepción extendida de incertidumbre respecto al futuro. En Corea del Sur o Taiwán, estas dinámicas se ven amplificadas por modelos laborales altamente competitivos y jerárquicos; en Japón, por una cultura corporativa rígida y una persistente desigualdad de género; en Europa, por la fragmentación del Estado del bienestar y la dualización del mercado de trabajo.
Respuestas insuficientes
Las respuestas políticas a este desafío han sido, en general, insuficientes y reactivas. En Europa, las reformas se han concentrado en ajustes paramétricos de los sistemas de pensiones -retraso de la edad de jubilación, endurecimiento de las condiciones de acceso- y en incentivos económicos limitados a la natalidad, cuya eficacia ha demostrado ser reducida. Japón, pionero en el envejecimiento, ha desplegado una amplia retórica sobre la “sociedad de los cien años”, pero sin alterar sustancialmente las bases laborales y familiares que desalientan la fecundidad. Corea del Sur ha invertido ingentes recursos públicos en políticas pronatalistas con resultados marginales, mientras Taiwán combina ayudas dispersas con una dependencia creciente de la inmigración laboral, sin un modelo sólido de integración.
En todos los casos, predomina una lógica de gestión del envejecimiento como problema técnico y fiscal, más que como desafío estructural del contrato social. Se actúa sobre los efectos -el coste de las pensiones, la sostenibilidad del sistema sanitario- sin abordar las causas profundas: la organización del trabajo, la conciliación real, el acceso a la vivienda, la redistribución intergeneracional o la redefinición del tiempo vital. La inmigración aparece recurrentemente como solución demográfica de emergencia, especialmente en Europa y, más recientemente, en Japón o Taiwán, pero su instrumentalización sin una narrativa inclusiva ni derechos plenos alimenta tensiones sociales y políticas que limitan su eficacia a medio plazo.
Inquietud sistémica
Las problemáticas derivadas del envejecimiento son múltiples y se refuerzan mutuamente. Desde el punto de vista económico, se incrementa la presión sobre los sistemas de bienestar y las finanzas públicas, mientras se reduce la base contributiva. En el mercado de trabajo, la escasez de mano de obra convive paradójicamente con la precariedad juvenil. Desde el punto de vista social, se amplía la brecha entre generaciones: los mayores concentran rentas, patrimonio y derechos adquiridos, mientras los jóvenes afrontan trayectorias vitales fragmentadas, salarios bajos y expectativas menguantes. Esta asimetría se observa con especial nitidez en países como Japón o Corea del Sur, donde la segmentación laboral penaliza de forma estructural a las generaciones más jóvenes.
Pero el impacto más profundo del envejecimiento se produce en el plano político y democrático. Las democracias liberales descansan sobre una promesa implícita de progreso intergeneracional: cada generación debería vivir, al menos, tan bien como la anterior. Cuando esta promesa se quiebra, la legitimidad del sistema se resiente. En sociedades envejecidas, el peso electoral de los mayores aumenta de forma sostenida, orientando las agendas públicas hacia la preservación del statu quo. Las políticas tienden a privilegiar la estabilidad, la protección de rentas consolidadas y la resistencia al cambio, incluso cuando este es necesario para garantizar la sostenibilidad futura.
Europa ofrece múltiples ejemplos de este sesgo generacional en la toma de decisiones, visible en debates sobre pensiones, vivienda o transición ecológica. Japón muestra cómo un electorado envejecido puede perpetuar mayorías políticas poco proclives a reformas estructurales profundas. En Corea del Sur y Taiwán, la brecha entre jóvenes altamente formados pero precarizados y élites políticas envejecidas alimenta el desencanto, la abstención o la radicalización discursiva. En todos los casos, emerge una democracia cada vez más eficaz para administrar el pasado, pero crecientemente incapaz de proyectar futuro.
Esta deriva tiene consecuencias preocupantes. El envejecimiento favorece horizontes políticos cortoplacistas, reduce la disposición al riesgo colectivo y dificulta consensos de largo alcance en ámbitos estratégicos como la transición energética, la innovación productiva o la adaptación al cambio climático. La política se vuelve defensiva, orientada a contener pérdidas más que a generar expectativas. En paralelo, los jóvenes, conscientes de su debilidad demográfica y política, desarrollan una relación instrumental o distante con la democracia representativa, percibida como un sistema que ya no les pertenece plenamente.
En última instancia, el envejecimiento no es solo un fenómeno demográfico, sino un factor de transformación profunda del orden social y político. Cuestiona la sostenibilidad del Estado del bienestar, reconfigura las relaciones entre generaciones y erosiona los fundamentos normativos de la democracia liberal. Europa, Japón, Corea del Sur y Taiwán actúan como laboratorios avanzados de este proceso, anticipando dilemas que se extenderán progresivamente a otras regiones del mundo. Ignorar su dimensión política equivale a aceptar una democracia cada vez más envejecida en sus actores, en sus prioridades y en su imaginación del porvenir.
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