El futuro de Cataluña (28.400 € de renta per cápita) depende de un partido antisistema
Análisis, 08 de octubre de 2015
El 26 de octubre se cumplirá la primera cita, tras las recientes elecciones catalanas y la fecha límite para que se constituya el Parlamento de la Comunidad Autónoma de Cataluña. A partir de ahí, hay diez días hábiles para celebrar el debate de investidura para el que se precisa mayoría absoluta. En caso de no conseguirla, habría una segunda votación en la que sería suficiente con una mayoría simple. Si en el plazo de dos meses ningún candidato lograra el respaldo suficiente, se convocarían nuevas elecciones.
Este es el calendario en el que deben moverse los candidatos de la coalición ganadora de “Juntos por el sí” para pactar un programa de gobierno en el que, el llamamiento a la independencia sería, llegado el caso, el reto más sencillo de todos cuantos debería abordar el nuevo gobierno catalán, un gobierno de coalición compuesto por fuerzas políticas encontradas, cuyos programas originales son tan incompatibles como los cabezas de lista de la citada coalición y en el que se juegan algo tan importante como la futura fidelidad de sus votantes en la siguiente cita electoral del 20 de diciembre.
Los resultados electorales del pasado 27 de septiembre son el resultado de una muy compleja estructura de una sociedad, como la catalana, cuya renta per cápita, pese a la fuerte caída producida por los años de crisis, alcanza los 28.400 euros, de igual manera que, según algunas estadísticas, supera la media comunitaria el PIB per cápita de Cataluña y que se sitúa por encima de los 27.000 euros, cifra muy superior a la media española que es de 23.000 euros. Como referencia, señalar que la renta per cápita de España supera ligeramente los 22.700 euros, casi 6.000 euros menos que la catalana.
Esta es la estructura social que da cobijo a un partido antisistema y anticapitalista como la CUP (Candidatura d'Unitat Popular) que, con sus diez diputados, se presenta como árbitro de un futuro gobierno independentista catalán, algo que debería tener su reflejo, llegado el caso, en el programa de gobierno que deberá ser pactado, previamente, con especial incidencia en las medidas económicas a poner en marcha y en la que todos deberían retratarse, conscientes de que nadie es ajeno a nadie, dados los cruces de votos y los vasos comunicantes. Así las cosas, si la CUP ha pasado de los 126.435 votos en 2012 a los 336.135 obtenidos este 27 de septiembre, ha sido a costa de “Cataluña si se puede” (Catalunya Verds (ICV), Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), Podemos y Equo) que ha cosechado un decepcionante resultado del que se esperaba en septiembre. Así están las cosas.
Muchos analistas y observadores detectan en esta situación el nudo gordiano de un futuro programa de gobierno, ya que ligar hasta cuatro sensibilidades tan distintas como las que representan la Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) de Artur Mas, la Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) de Oriol Junqueras, la de Raül Romeva cabeza de lista de “Juntos por el Si” y hasta marzo de 2015 miembro de Iniciativa per Catalunya Verds de innegables influencias comunistas del PSUC, y de la CUP, formación asamblearia y que se declara antieuropeista y antieuro, es una casi imposible labor teniendo en cuenta, por ejemplo, el perfil del votante de CDC.
Ensamblar este puzle se antoja tarea harto compleja aunque la independencia o la secesión aparezcan al fondo del escenario y son escasos los analistas que consideran que un gobierno apoyado en esos cuatro pilares no terminaría por espantar a la parroquia del cada vez más menguante partido de Artur Mas, que en los comicios de diciembre tendrían la posibilidad de optar por devolver a los democristianos de Unión la representación que en las ultima elecciones autonómicas le negó.
En las elecciones del pasado 27 de septiembre se produjo una coalición antinatura solo comprensible por el quimérico objetivo de la independencia, algo difícilmente soportable cuando de lo que se trata es de conformar una acción de gobierno que, especialmente en materia económica, no solo generaría profundas disensiones entre las bases, sino que metería a Cataluña en un proceso difícilmente cuantificable.
La historia de desencuentros recientes entre CDC y ERC en materia de acciones económicas y fiscales es largo y prolijo y no aventura facilidad alguna para consensuar un programa de gobierno que permita a Artur Mas volver a la Plaza de San Jaume, sede del gobierno catalán.
No solamente ahí residen las dificultades para conformar pactos de gobierno entre fuerzas políticas ideológicamente tan divergentes, sino en el hecho detectado hace meses, y que preocupa a relevantes sectores del catalanismo, cual es el inicio de una progresiva “huida” de empresas con sede en Cataluña hacia otras comunidades de España, especialmente Madrid.
En ese escenario, no resulta en absoluto descabellado contemplar como alternativa la convocatoria de unas nuevas elecciones autonómicas, como las que planteó la misma noche electoral la cabeza de lista de Ciudadanos al parlamento catalán, Inés Arrimadas.
