La disociación polaca ante la Unión Europea

El estable orden jurídico europeo se ha visto sacudido por la decisión del Tribunal Supremo (TS) polaco, que considera que la legislación europea "no puede socavar los principios constitucionales" polacos y que la organización del Poder Judicial es una competencia nacional. Según la presidenta del citado tribunal, Malgorzata Manowska, ello se explica porque Varsovia no transfirió determinadas competencias a la UE. El Tribunal Constitucional polaco también declaró incompatible con la Constitución del país varias partes del tratado de adhesión a la UE. A primera vista, lo que está en juego es la primacía del derecho comunitario sobre el nacional. Sin embargo, en una lectura de mayor profundidad, el desencuentro podría suponer el arranque del “PolExit”, es decir, de una estrategia para la salida de la Unión, como fue el caso del Reino Unido. Para ello, como en este último caso y dado que los tratados europeos no contemplan la expulsión de un Estado miembro, Varsovia tendría que pedir la salida. Se trata de una asunto de enorme relevancia para el devenir de Europa y ha sido analizado por un grupo de expertos multidisciplinares del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada para intentar conocer todos sus aspectos y consecuencias.

En el ámbito estrictamente jurídico, los tribunales europeos lo tienen claro: la sentencia polaca no tiene validez. El desencuentro, sin embargo, tiene consecuencias en otros planos. Bruselas debe reaccionar conforme a las atribuciones y mecanismos a su disposición para hacer prevalecer el derecho comunitario. En este sentido, la herramienta más recurrente –y más efectiva- pudiera ser echar mano de las medidas de corte económico (por ejemplo, no tramitar el plan de recuperación y resiliencia polaco, cifrado en 36.000 millones de euros, de los que 23.900 millones son transferencias directas -a fondo perdido- y 12.000 millones préstamos) en tanto el parecer comunitario no sea debidamente acatado.

Los analistas del Instituto Coordeandas señalan que es claro que a la UE corresponde garantizar la aplicación íntegra de los Tratados y su Tribunal de Justicia (TJUE) detenta el monopolio de la interpretación. Jerárquicamente, el TJUE se sitúa por encima de cualquier tribunal nacional, incluidos los constitucionales y supremos. El Sejm o Parlamento polaco aceptó esta delegación de soberanía al adoptar el Tratado de UE. No hay medias tintas en esto. Es más, los Estados miembros tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados.

La sociedad polaca apoya la pertenencia a la Unión Europea

La absoluta evidencia de la perspectiva jurídica conduce el debate al desempeño de unos intereses políticos generosos en contradicciones. En primer lugar, si los actuales dirigentes polacos consideran primordial asegurar la primacía de su derecho frente al de la Unión Europea, siendo coherentes, no le queda otra opción que la retirada de la UE. Pero, en segundo lugar, esa expectativa puede pasar internamente una grave factura si tenemos en cuenta que la sociedad polaca alberga sentimientos mayoritariamente europeístas.

Según los datos del último Eurobarómetro de 2021, el 80 por ciento de los habitantes encuestados de ese país se sienten ciudadanos de la UE, y el 53 por ciento por ciento tiene una imagen positiva de la Unión. Y hasta confían más en ella que en su propio Gobierno (el 49 por ciento frente al 37).

Por tanto, la deriva euroescéptica de los gobernantes polacos no solo encuentra obstáculos fundados en la UE sino en su propia opinión pública. A ella apela el ex presidente del Consejo Europeo entre 2014 y 2019 y ex primer ministro polaco entre 2007 y 2014, Donald Tusk, quien identifica en ese sentir mayoritario de la sociedad el principal argumento para reclamar a Bruselas que no imponga sanciones a Polonia que podrían cambiar el sentir de la sociedad. El domingo 10 de Octubre, cientos de miles de personas se manifestaron en más de cien ciudades del país a favor de la Unión y contra un “Polexit”. La disociación es un hecho en Polonia.

Si Polonia está dividida, también la UE debe preocuparse de evitar que las tensiones Varsovia - Bruselas socaven los cimientos de la propia Unión o agraven las grietas de la construcción europea.

La razón, coinciden todos los analistas que participaron en el debate del Instituto Coordenadas, está claramente del lado de los dirigentes comunitarios, pero la respuesta exige hilar fino. Es importante por ello significar lo mucho que Polonia puede perder de persistir sus líderes en la espiral de confrontación para fortalecer su propio proyecto político de corte nacionalista. Polonia es el quinto país más beneficiado por las ayudas europeas, después de España, Italia, Francia y Alemania. De hecho, el 60 por ciento de su inversión pública se cubre con fondos de la Comisión Europea. Por no hablar del movimiento de personas: 122.000 polacos cruzan a diario la frontera con Alemania para ganarse el pan. La agencia de calificación Moody's calcula que Polonia ha recibido fondos netos de la UE por valor del 2 por ciento de su PIB nacional al año de media desde su adhesión al bloque en 2004 y que la cifra prevista para 2021-27 asciende a cerca del 3,2 por ciento.

Estos datos constituyen argumentos sólidos en los que apoyarse para arropar una decisión comunitaria que debe ser a la vez contundente en su mensaje como flexible en su implementación, cuidando de reforzar el sentimiento social de apoyo a la Unión y no dañarlo. De este modo, la salida de la crisis no abundaría en la hipótesis de descomposición de las normas de la UE sino de fortalecimiento del proyecto.

Los analistas del Instituto Coordenadas opinan que la UE, además de necesitar con urgencia ameritar su autoridad ante los Estados miembros, precisa enviar un mensaje claro en este sentido a los países que llaman a su puerta. Es el caso de los seis países de los Balcanes Occidentales, reunidos en una cumbre celebrada recientemente en la ciudad eslovena de Brdo, que ha demorado una vez más la ampliación prometida hace 18 años. En esta decisión podrían haber pesado los intereses contrapuestos de algunos Estados miembros pero también la necesidad de estabilizar la Unión tras el Brexit y asegurar que tópicos elementales como el que hoy se discute con Varsovia no resulten cuestionados en el futuro en virtud de nuevos alargamientos de la Unión.

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