La gestión pública del agua en Valladolid se ha convertido en una multiprivatización del servicio

Informes y estudios, 04 de julio de 2018

El primer año natural de gestión pública del agua se ha acabado convirtiendo en la transformación en un sistema multiprivatizado del servicio. Así lo demuestra el hecho que, en 2018, se licitarán más de 40 contratos por un valor de 23,5 millones de euros para diferentes áreas de gestión, entre ellas alguna considerada clave para la ejecución del servicio, como el control de desbordamientos de la red de alcantarillas, reforma de infraestructuras, bombeos en la red, telelectura o servicio de atención al cliente. Esta es una de las principales conclusiones del informe realizado por el Instituto Coordenadas analizando el primer año de actividad de la EPEL Agua de Valladolid, Aquavall.

El gobierno municipal visitó toda la arquitectura del cambio de manos del ciclo del agua sobre la promesa de convertir su gestión en pública, un compromiso que a la hora de la verdad se ha antojado falso y ha puesto al descubierto la falacia de la remunicipalización: en realidad se ha troceado la gestión en un sinfín de privatizaciones a pequeña escala. Para hacerse cargo de la gestión directa del ciclo, Aquavall ha aumentado el número de proveedores y se ha producido una multiprivatización por la puerta de atrás. La sustitución de la gestión indirecta del agua por el ente administrativo público se convierte en una operación perniciosa para los balances municipales y repercute negativamente en la prestación del servicio, especialmente si lo que se pretende es mantener las mismas condiciones de calidad. El proceso se traduce en un mayor gasto público por los costes indirectos.

De los 28.011.000 euros del presupuesto total de Aquavall, 11.487.738 corresponden a inversiones licitadas entre las que destacan:

  • El control de desbordamientos de la red de alcantarillados
  • Reforma de infraestructuras
  • Suministro de compactadora trituradora de residuos de la EDAR
  • Bombeos en diferentes puntos de la red
  • Telelectura para grandes consumidores
  • Programa de gestión de redes
  • Aplicaciones informáticas para la gestión integral del agua
  • El servicio de atención al cliente

Adicionalmente, en los presupuestos aparece otra partida de 2.743.278 euros que explícitamente se asignan a trabajos realizados por otras empresas o profesionales. El total de estas dos partidas asciende a 14.231.016 euros. Lo que implica el 51% del presupuesto total de Aquavall está destinado a la concesión de servicios a empresas privadas.

El informe también revela algunos aspectos especialmente llamativos, como el hecho que el 53% de las empresas contratadas por Aquavall no son vallisoletanas. De hecho, solo 3 de cada 10 empresas con mayor volumen de contratación (más de 12.000 euros) son de la ciudad. Esto genera una fuga de ingresos para la ciudad a nivel de impuestos muy importante, ya que las empresas contratadas pagan las tasas correspondientes en su lugar de origen. Las regiones más beneficiadas en este aspecto de la multiprivatización del servicio del agua en Valladolid han sido Madrid (24% de las empresas contratadas por Aquavall) y Cataluña (9%).

37 millones de euros menos para inversiones en la red de agua

Otro aspecto analizado en el informe pone el punto de mira en las inversiones en la mejora de la red e infraestructuras del servicio de agua en Valladolid. Desde el Ayuntamiento vallisoletano a través de la propia EPEL, han decidido hacer proyecciones a 15 años, debido a la envergadura de la actuación. Pero ya en la presentación de los presupuestos de 2018 no solo no incrementaron la dotación para estas necesarias mejoras, sino que rebajaron medio millón de euros de su previsión inicial de inversión. Por otra parte, también se tiene que tener en cuenta que las arcas municipales han dejado de recibir los 2 millones de euros anuales que la empresa concesionaria pagaba a la administración pública para realizar las inversiones necesarias para la mejora de la red e infraestructuras del agua en la ciudad, que siempre han sido responsabilidad del consistorio.

Teniendo en cuenta estos aspectos, el informe hace la misma proyección a 15 años concluyendo que el Ayuntamiento de Valladolid dejará de invertir 37 millones de euros en total: 30 millones que no ingresará por parte de la concesionaria y 7 millones si continúa el mismo nivel de desinversión que el registrado en 2018.

De servicio muy bien valorado al caos en la facturación

El informe del Instituto Coordenadas también pone en evidencia los graves problemas que ha vivido la EPEL en la gestión del día a día del servicio y la relación con los abonados.

Según datos oficiales –a falta de la publicación de los datos del último trimestre-, desde la municipalización del servicio la ciudad ha vivido un promedio de 3 inundaciones por semana, es decir, una docena de incidencias al mes. De hecho, en los 9 primeros meses de 2017 se registraron casi el triple de averías que en 2014. Una tendencia que ha ido al alza progresivamente en los siguientes meses. Destaca también el hecho que las roturas en cadena y las averías de doble incidencia en un solo punto se han incrementado significativamente en los últimos ocho meses.

Por otra parte, aunque congelaron la tarifa del agua para este año, el consistorio ha decidido eliminar la bonificación a los jubilados mayores de 65 años, una medida de la que se podrían haber beneficiado unos 12.000 abonados y que supondría un gasto de 150.345 euros para la EPEL. En su lugar, han implementado una nueva bonificación para familias que cobran el sueldo mínimo (538 euros mensuales), que son menos de 2.000 abonados de la ciudad, que tendrá una repercusión máxima de 56.039 euros para las arcas de Aquavall. Así pues, con este cambio prevén una afectación de recaudación potencial de 94.306 euros más de personas con menos recursos.

Otro de los aspectos significativos recogidos por el informe del Instituto Coordenadas apunta hacia el caos de la facturación de la empresa pública. Después de miles de quejas por errores en la facturación –para el que se pedía que fueran los propios abonados quienes efectuaran las diligencias para su corrección- y de que queden pendientes 12.000 facturas por emitir, la empresa pública de gestión de agua ha invertido más de 1 millón de euros para intentar arreglar el desaguisado. Aquavall prevé contratar este 2018 por 800.000 euros un servicio de aplicaciones informáticas nuevas. A este valor se le tiene que sumar el hecho que en 2017 ya adjudicaron 58.000 euros por el mismo concepto, que queda en evidencia que no fue realista ni efectivo. A parte, Aquavall también decidió externalizar de nuevo otro servicio, el de lectura de contadores, a una empresa valenciana por casi 227.000 euros.

A todo esto, la EPEL ya anunció que no preveía controlar electrónicamente la facturación del agua en la ciudad hasta el mes de septiembre, es decir, un año y dos meses después de iniciar la gestión municipal del servicio.

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