¿Vale para algo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal?
Artículos, 29 de abril de 2016
Dos años y medio después de que se constituyera la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), creada por Ley Orgánica en noviembre de 2013, impuesta por Bruselas para que España contara con un organismo dedicado a supervisar los objetivos económicos de las distintas administraciones y la sostenibilidad de las finanzas públicas españolas, como lo tienen buena parte de los países de la UE, el organismo fiscalizador puede darse como amortizado, al demostrar su inutilidad tras reconocer el presidente de la institución que “no puede evaluar los resultados y la consistencia interna del escenario macroeconómico enviado al no disponer de la política fiscal subyacente. Sin un mínimo detalle de la composición de los ingresos y gastos no es posible evaluar la influencia del sector público en la actividad de la economía española”.
Así se despachaba el presidente de la Autoridad Independiente, José Luis Escrivá, a la vez que alertaba que se está incumpliendo la normativa europea y española, ya que la legislación comunitaria exige que las previsiones macroeconómicas y el Programa de Estabilidad estén avaladas por un organismo independiente, que en el caso español, es la AIReF y que según la propia ley que consagra su creación debe emitir su evaluación del Programa de Estabilidad antes del 15 de abril, algo que no ha podido hacer al no haber recibido un documento detallado, con anterioridad al 5 de abril, por parte del Ministerio de Hacienda.
Pese a la gruesa denuncia del incumplimiento por parte del gobierno en funciones, no parece que se vayan a producir dimisiones en el seno del organismo controlador, por lo que su presidente deberá convivir, sin ningún disimulo, con un “sentimiento encontrado” de impotencia y “tristeza” por no haber logrado del Ministerio de Hacienda la transparencia y las medidas que venía reclamando la institución desde finales del 2014, afirmando a continuación que “España cuenta con las herramientas adecuadas para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, pero dichas herramientas no se han terminado de aplicar”.
No es esta la primera vez que la Autoridad Independiente denuncia al gobierno, como lo demuestra el recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional tras decidir impugnar una orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el pasado año.
Pese a las denuncias y los conflictos, el gobierno de Rajoy no parece contar con la suficiente sensibilidad como para asumir la necesidad de un organismo como el de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y así las cosas ha optado, desde su inicio, por ejercer el arte del toreo en su expresión más burda, demostrando que principios básicos de estos órganos como autonomía e independencia solo merecen su desprecio y así se encarga de hacérselo saber de forma periódica, recordando que el gobierno prefiere personas dóciles y serviciales al frente de estos organismos reguladores y controladores que no solo le hacen la ola, sino que le sirven para ampliar el nicho de puestos remunerados a repartir.
Y en ese nicho de expertos del consejo asesor de la AIReF aparecen profesionales competentes de todo tipo, que complementan sus sueldos y pensiones con cargo a los 4,84 millones de euros que conforman su presupuesto de gasto y en donde aparecen exsubsecretarios de Hacienda y exgobernadores del Banco de España, ex presidentes del ICO o exconsejeros autonómicos.
