La difícil supervivencia del actual sistema de pensiones
Artículos, 21 de julio de 2016
Desde diciembre de 2008 hasta junio de este año, el número de pensionistas se ha incrementado en un millón, pasando de 7.586.574 a 8.545.172, mientras que en ese mismo periodo el número de pensiones ha pasado de 8.338.439 a 9.402.148. Durante ese mismo periodo de tiempo, el número de ocupados ha seguido una línea descendente al pasar de 20,25 millones a los 18,02 actuales.
El balance, sin necesidad de comentarios ad hoc, arroja un resultado más que preocupante y ese dramatismo no se reduce un ápice en el caso de que se alcancen los veinte millones de ocupados, objetivo que Rajoy repite de forma obsesiva y que lograría al final de la legislatura de cuatro años en el caso de que él siguiera al frente del gobierno. La evolución de las cotizaciones no permite compartir el optimismo del presidente.
Cierto es que la creación de empleo ha seguido en los últimos años una marcha ascendente, pero dada la baja calidad del mismo y de los bajos niveles salariales, como consecuencia de del preponderante papel que juega el sector servicios en España, el pequeño incremento de las cotizaciones no permite, en ningún caso, aceptar como hipótesis cierta el hecho de que con los veinte millones de ocupados del objetivo Rajoy, el problema de las pensiones iba a estar resuelto, no pudiendo aceptarse como válida la relación entre afiliados a la Seguridad Social y pensionistas y que, según la teoría ciertamente superada por la realidad, se requiere, como mínimo, una ratio de 2,5 cotizantes por cada pensionista.
Aunque un tanto groseros, los cálculos que hacen algunos estudiosos del asunto apuntan a que España debería alcanzar un nivel de ocupados que supere los 22 millones para hacer frente a las pensiones del futuro, si no se quiere recurrir a los impuestos o a un progresivo endeudamiento internacional para hacer frente al pago de éstas.
Pero no solamente eso, sino que España demanda con urgencia una planificación demográfica, si no se quiere que este país se convierta en un paramo poblacional envejecido, que en cualquier caso siempre sería cubierto por emigrantes, y una política “industrial” que propicie el aumento de los salarios y con ello un sólido incremento de las cotizaciones, algo que no se improvisa.
España lleva cuatro décadas en progresiva desindustrialización: en 1972 la industria representaba el 39% del PIB, en 1980 el 25,3% y en 2015 tan solo el 15,5%. Aunque éste es un fenómeno generalizado en todas las economías desarrolladas, como consecuencia de la globalización, la deslocalización y la competitividad de los costes, la necesidad de un mayor esfuerzo en el gasto en I D se hace más perentorio que nunca, si España busca incrementar el peso relativo de su industria en el PIB y con ello aumentar sus niveles salariales. La exigencia de ampliar la inversión en I D i no parece incumbir al gobierno, que en los últimos cuatro años asiste impertérrito a constantes descensos en la capacidad innovadora española, según los últimos documentos de la UE.
