IPC o PIB: El reconocimiento del fracaso educativo
Artículos, 28 de octubre de 2016
Frustración y desencanto son los únicos sentimientos que podrían albergar el que fuera ministro de Educación, Villar Palasí, cuando en 1970 se aprobó la ley que estableció la enseñanza gratuita y obligatoria hasta los 14 años con la EGB y Javier Solana cuando, bajo cuyo mandato, se promulgó la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) que ampliaba la educación obligatoria y gratuita hasta los 16 años. La causa de tal decepción: que la mayoría de los españoles no saben diferenciar el IPC con el PIB, y viceversa, o directamente no saben qué significan esas siglas.
Y lo mismo ocurre cuando el estudio realizado a instancias del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con motivo del día de la educación financiera, que se ha celebrado en toda España por segundo año, refleja que similar mayoría no sabe interpretar los conceptos que incorpora una nómina.
Con estos mimbres nadie puede sorprenderse que ocurran casos como el de las preferentes u otros escándalos financieros ocurridos en España y ponen en duda los esfuerzos de los reguladores, que tratan de obligar a las entidades financieras a evaluar a la clientela en función de sus conocimientos financieros, para evitar la venta de productos complejos a personas con escasos conocimientos en esta materia.
Como no podía ser de otra manera, una mayoría superior a la que dicen desconocer las cuestiones básicas de economía, convienen en culpar al sistema de sus deficientes conocimientos en economía, afirmando que hubieran tomado decisiones más responsables, en lo relacionado con sus finanzas personales, si hubiera recibido más formación en esta materia desde edad joven.
La crisis económica puso en evidencia las carencias de los españoles en materia financiera y se lo puso fácil a determinadas entidades que consiguieron colocar una alta cantidad de productos tóxicos y como recuerda algún analista, cuando la burbuja estalló no solo cayeron países y empresas, sino los ahorros de una gran parte de la población nacional.
Los que sí han sabido aprovechar esa carencia de conocimientos ciudadanos no solo han sido las entidades financieras, para colocar productos dudosos cuando no ilegales, sino también un buen número de bufetes de abogados que aprovechan la situación para pleitear contra los bancos en defensa de preferentistas, inversionistas y demás supuestos perjudicados por la crisis, a los que captan utilizando su gran descubrimiento: las cuñas radiofónicas en programas de gran audiencia en donde conviven anuncios de los supermercados del barrio con reclamos de abogados que prometen la defensa de los intereses de todos aquellos que se sienten maltratados por cotizadas, bancos y demás entidades financieras.
