Caixabank inicia su aventura portuguesa en un sector financiero en apuros
Artículos, 13 de octubre de 2016
Tras una larga espera, como consecuencia de las restricciones de voto de los accionistas del Banco Portugués de Inversiones (BPI) y tras mejorar su oferta inicial, CaixaBank está a punto de hacer realidad uno de sus grandes sueños al conseguir el control de la entidad portuguesa, aunque lo hace en un momento en que el sector financiero portugués atraviesa una seria crisis y la economía del país vecino vuelve sus ojos a Bruselas ante un posible segundo rescate.
En su último informe sobre Portugal, el FMI pone de manifiesto los desafíos a los que se enfrenta la banca portuguesa, e identifica dos principales fuentes de vulnerabilidad: baja rentabilidad y mala calidad de los activos. El informe estudia las causas de estos dos aspectos antes, durante y después de la crisis financiera mundial y examina las posibles políticas para incrementar la rentabilidad y fortalecer la calidad de los activos en el medio plazo.
El FMI afirma que las características principales que contribuyeron a una acumulación de vulnerabilidades, por parte de la banca portuguesa, se iniciaron a mediados de los noventa y continuaron después con la adhesión al euro durante el periodo 1999-2007. El sector bancario fue rentable durante este período, aunque experimentó una excesiva dependencia de la financiación mayorista, de un aumento del riesgo de liquidez y de la mayor ratio prestamos-depósitos de la eurozona (150% frente al 100% en 1999).
Para mantener la rentabilidad, el crédito bancario se expandió rápidamente consecuencia de una mala asignación de crédito, como lo demuestra el hecho de que los activos bancarios sobre PIB pasaron del 184% en 1997 a 250% en 2007.
La concentración de la propiedad fue otro de los puntos débiles del sector, hasta el punto de que había cuatro grandes entidades domésticas que dominaban el sector (CGD, BCP, BES y BPI), donde grandes grupos económicos jugaron un importante papel como accionistas, lo que probablemente facilitó préstamos basados en relaciones con empresas de la construcción e inmobiliarias. La concentración, de hecho, era un desincentivo para ampliaciones de capital que podían diluir las participaciones.
Los niveles de capital mostraron una tendencia bajista durante el periodo señalado, situándose por debajo del 7% de los activos ponderados por riesgo en 2007. Esto, unido a la dependencia de fuentes de financiación potencialmente volátiles, limitó la capacidad de absorción de shocks, aumentando el riesgo de liquidez y solvencia.
El FMI afirma que la baja rentabilidad de los bancos portugueses en el período 2010-2015 se debe a los bajos niveles de capital; una menor liquidez; y unos fundamentos macroeconómicos más débiles, como un menor crecimiento del PIB y una deuda pública superior.
En los últimos años, las entidades portuguesas han sido capaces de aumentar la liquidez y, en menor medida, el capital. Sin embargo, siguen existiendo problemas importantes de rentabilidad, lastrada por un bajo crecimiento, y la mala calidad de los activos por el crédito dudoso, debido al legado del periodo 1995-2007, que afectan a las perspectivas del sector.
Para restaurar la rentabilidad y mejorar la calidad de los activos, el FMI recomienda reducir aún más los costes operacionales, aumentar el ritmo de eliminación de préstamos dudosos e incrementar el capital para la absorción de pérdidas derivadas de la reestructuración y amortizaciones.
No lo tiene fácil el banco español que fuera presidido por Fainé para conseguir el éxito en su aventura portuguesa y a ello debe destinar sus mejores esfuerzos tanto de gestión como de capitalización, ya que no se puede obviar que en el entorno actual de bajo crecimiento, baja inflación y bajos tipos, la banca portuguesa tiene complicado reforzar los colchones de capital por su alto coste. Tiene para ello un referente, el Santander Totta Baniff que con una cuota de mercado del 14,5% se ha convertido en el segundo banco privado de Portugal, después de BCP y el primero en beneficios con más de 290 millones de euros.
