Autoconsumo: El gobierno sigue dando tumbos en materia eléctrica

Tras muchos meses de indecisiones, el Gobierno ha aprobado las condiciones que van a regular el autoconsumo eléctrico en España y pese a los recortes experimentados con respecto al proyecto original, son muchos los colectivos que consideran que la nueva norma impone unas condiciones excesivas para disuadir del autoconsumo eléctrico a los consumidores, algo que no se adecua a las tendencias que se dibujan en otros países de nuestro entorno y que reflejan la errática política energética al que los gobierno sucesivos han sometido a España desde casi siempre.

Aunque los analistas han recibido con optimismo la nueva regulación, al considerar que no afecta al negocio de las eléctricas y se cierra así la posibilidad de que se disparen los costes del sistema eléctrico, el decreto aprobado establece una serie de cargos a los consumidores que opten por el autoconsumo, pero que a la vez se mantengan conectados a la red eléctrica y tiene como único objetivo que los consumidores ayuden a sufragar las infraestructuras energéticas que también están utilizando.

Con independencia de que hay razones para defender ambas tesis, la norma sobre el autoconsumo eléctrico y la implantación de un impuesto al sol, no dejan de ser el reflejo de una política energética en permanente revisión y sin suficientes anclajes que aseguren su permanencia en el futuro.

En España, al igual que ocurre en otros países, aunque en mayor proporción, el hecho de que los precios de la energía excedan considerablemente del coste del suministro, comporta consecuencias potencialmente severas, ya que se produce una reducción del bienestar de los consumidores residenciales, en la medida de que la mayor parte de los costes de las políticas públicas se obtiene de los pequeños consumidores, ya que, en términos económicos, son los que están más “dispuestos a pagar”. En este sentido recordar que el coste de la electricidad para una unidad familiar media se incrementó en España en torno al 35% (de 44 a 65 euros por mes) desde el año 2008, lo cual lo dice todo.

Coincidiendo en el tiempo con la publicación de la CEOE de un documento sobre política energética en la que propone una serie de recetas que permitan disponer de unos precios competitivos de la energía, favoreciendo con ello la recuperación del tejido empresarial y el empleo, David Robinson, uno de los expertos mundiales en estas cuestiones, señalaba recientemente en Madrid que la inclusión de extra costes en las tarifas eléctricas implica una redistribución de riqueza hacia determinadas industrias, regiones, consumidores y proveedores de combustibles, lo cual no es necesariamente malo, aunque, cuando se realiza mediante tarifas eléctricas, esta redistribución deja de ser transparente.

Otro de los pilares sobre los que se asienta la política eléctrica en España es la que hace que los consumidores industriales paguen una proporción de los costes de esas políticas públicas, lo cual afecta a su competitividad. Las industrias que compiten en los mercados internacionales se ven especialmente afectadas. Esto, según Robinson, tiene consecuencias negativas sobre la tasa de empleo y sobre el potencial económico de España, lo cual no significa que sea pertinente subvencionar la industria con precios inferiores a los costes de suministro, pero sí pone de manifiesto las consecuencias económicas de aplicar precios superiores a dichos costes.

La eficiencia y la sostenibilidad del mercado mayorista se ven mermadas cuando determinados agentes del mismo reciben pagos “fuera del mercado”, financiados a través de la conocida como “cuña gubernamental”. La idea principal de los mercados energéticos mayoristas, en régimen de competencia, consiste en que los inversores puedan recuperar los costes de la generación a través de unos ingresos obtenidos exclusivamente en el propio mercado.

uando una proporción en aumento de la generación, se recupera a través de pagos determinados por el gobierno fuera del mercado, se produce un aumento de la capacidad de generación, se reducen los precios al por mayor y se desalienta a los inversores que no reciben tales pagos. Las consecuencias son más pronunciadas cuando la capacidad adicional se trata de energía eólica o solar, ya que contribuyen a unos precios energéticos más bajos y dañan las posibilidades de generación sin pagos fuera del mercado.

Al final del proceso nos encontramos con que la fijación de unos precios mayores que los costes de suministro motiva a los consumidores a buscar vías para bajar sus recibos, generando dificultades de recuperación de los costes fijos del sistema. Este es, en definitiva, el momento en que nos encontramos y que el Gobierno trata de impedir su desarrollo, aunque los avances tecnológicos juegan en su contra.

Los expertos consideran que España necesita una definición clara de los objetivos de las políticas públicas. Para ello, se precisa transparencia y una visión de largo plazo y aunque la Unión Europea está comenzando a desarrollar una visión de este tipo con la descarbonización en un mercado energético único, España requiere de una visión propia que contextualice el debate en torno a ciertas medidas políticas y a la transición para conseguirla. Esta visión, debería implicar no ofrecer apoyo financiero a las nuevas inversiones en tecnologías renovables que puedan competir con las energías convencionales sin dicho apoyo; fomentar la innovación en tecnologías bajas en carbón; facilitar una mayor coordinación y homogenización de los marcos regulatorios a escala europea; permitir que los mercados mayoristas tengan precios que reflejen el coste marginal del sistema, y abrir espacios para un mayor protagonismo de los consumidores.

En segundo término, hay que decidir cómo financiar los objetivos. Por regla general, los costes de las políticas públicas no deberían incluirse en las tarifas eléctricas, algo que en EEUU es habitual y en donde los presupuestos federales y estatales subvencionan una proporción considerable del coste de las energías renovables. Esto contribuye a explicar que sus precios eléctricos sean más bajos, pero también implica que el coste de las políticas públicas recaiga sobre los agentes que tienen capacidad de pago mediante un régimen fiscal progresivo.

En tercer lugar, una parte importante de cualquier transición está vinculada a la necesidad de reconsiderar los mercados, las regulaciones y las tarifas existentes. En relación con esto último, la experiencia internacional sugiere que el desafío no consiste únicamente en reducir el nivel global de los precios, sino también en reestructurar las tarifas. Rediseñar las tarifas para recaudar más a través de una cuota fija para todos los clientes conectados, puede ayudar a recuperar los costes fijos, por ejemplo cuando los consumidores producen su propia electricidad. Sin embargo, cuanto mayores sean los costes políticos incluidos en la tarifa, menor será el consumo del sistema y más complicado será su sostenibilidad financiera.

Por último, la reducción de los costes regulados del sistema y la posibilidad de pasar algunos costes de política pública a los Presupuestos Generales del Estado abrirán el debate sobre cómo gastar un posible superávit del sistema. Aunque la actual Ley no permite reducir la tarifa de acceso, dado el incremento de las tarifas para todos los consumidores que se ha producido en los últimos siete años, se considera que es el momento de debatir la revisión de la ley para permitir reducir las tarifas de acceso y los precios finales.

Post-it

Por cada 100 euros de la factura de luz de los consumidores domésticos, 26,67 se destinan a la producción de electricidad; 46,48 corresponden a costes regulados (incentivos a las energías renovables, cogeneración y residuos, coste de redes de distribución y transporte y otros costes como la anualidad del déficit tarifario) y 20,12 euros se destinan a impuestos.

Fuente: Tendencias del Dinero